La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentó este miércoles un informe actualizado sobre la actualidad de la situación de los derechos humanos en el país, reiterando su preocupación por las “violaciones continuas perpetradas” por el régimen de Nicolás Maduro«.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, fue la encargada de presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una evaluación que abarca el período entre enero de 2020 y agosto de 2023, donde encontraron pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye “al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias”.
Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, denunció Valiñas.
El informe de la misión señaló que a pesar de las protestas a fines de 2020 y principios de 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. Además, se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, añadió.
Como ejemplo, la Misión destaca el caso de un grupo de seis sindicalistas que fueron condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión “por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año”.
Ante esto, el organismo continúa instando a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para abordar estas violaciones sistemáticas de derechos humanos y garantizar que se rinda cuentas por los abusos cometidos en el país.
