El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró cerca de 63 casos de persecución, hostigamiento y criminalización con fines políticos en Venezuela durante el mes de julio del 2023, así lo dieron a conocer en su último informe publicado este 1 de septiembre.
Según esta organización sin fines de lucro, 52 de los casos son de personas ligadas a partidos políticos de la oposición, a presos políticos o miembros de la sociedad civil venezolana, 8 casos son de trabajadores de la prensa y 3 a ciudadanos sin ninguna afiliación directa con la política y la comunicación social.
En este informe, las denuncias se clasifican por 13 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, el cierre de tres programas de radio, una detención arbitraria, y 45 procesos judiciales irregulares.
Amenazas y detenciones arbitrarias
Los casos de ciudadanos afectados por la represión gubernamental se centran en el sur del país. Nancy Herrera, hija del capitán indígena de la etnia Cubeo, de Amazonas, denunció ser víctima de amenazas por una denuncia que realizó en cuanto al maltrato que sufrió la comunidad indígena. Alegó que miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) mandó a grabar un video de “disculpas” por las denuncias, amenazando con privarla de su libertad si no lo hacía.
“Las amenazas contra la señora Herrera constituyen una vez más un acto de censura, que se extiende como un patrón contra toda persona que pretenda expresar la realidad del país, y que no distingue entre ciudadanos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas o actores políticos”, agrega Cepaz.
La ONG documentó un acto de hostigamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a un hotel en Puerto Ordaz, estado Bolívar, luego de que el candidato a la oposición Freddy Superlano planificara un acto político en el establecimiento.
En esa localidad también fue detenido el presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), Bladimir Josué Tremaria, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Tremaria enfrenta cuatro imputaciones: hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.
Persecución Preelectoral
Siete de los casos ocurrieron en el contexto de la campaña política que llevan a cabo los candidatos de la oposición para las elecciones primarias que se desarrollarán en el mes de octubre.
Además del caso en Puerto Ordaz, Superlano también denunció que fue despojado de su pasaporte en la frontera con Colombia por presunta “inconsistencias” del documento. “Sin embargo, el candidato afirma que su pasaporte fue emitido precisamente por el órgano que señala dichas inconsistencias”.
Entre tanto, María Corina Machado, candidata por el partido Vente Venezuela, fue hostigada y amenazada en al menos cuatro oportunidades durante el mes de julio. Todos los casos están relacionados con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes intentaron impedir sus recorridos en Caracas, La Guaira, Guárico y Táchira.
“También el equipo de trabajo del partido Vente Venezuela fue víctima de amenazas de muerte y su sede sufrió ataques directos en el estado Táchira. Con las siglas del grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional) fueron marcadas las paredes de la sede de la organización con mensajes como “Primarias sin María Corina” y “muerte María Corina”, resalta el documento.
El diputado de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, amenazó a los aspirantes de oposición para las elecciones presidenciales del 2024 a decir sus nombres y apellidos en la calle, por supuestamente estar involucrados en la promociones de las sanciones internacionales. Aseguró que dichos candidatos «no merecen las libertades que impone la Constitución».
Ataques a la prensa
“Al menos dos periodistas y dos medios de información digital fueron atacados a través de actos de amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios públicos y personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro”, resalta el informe al documentar los casos del periodista Jesús Vásquez en el estado Anzoátegui y de la cuenta informativa La Grita 7 Diario del estado Táchira cuando funcionarios policiales intervinieron sus coberturas locales y amenazaron a la detención arbitraria de los periodistas.
Otras denuncias vienen del periodista Roberto Deniz y el diario El Pitazo, quienes documentaron los mensajes de intimidación y hostigamiento por parte del propietario del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín, quien en redes sociales descalificó las coberturas periodísticas de los candidatos a las primarias de la oposición.
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“Por último, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de la emisora Éxtasis 97.7 FM (del estado Táchira). La decisión afecta a 20 empleados directos que incluyen operadores, técnicos, locutores y periodistas”, establece la ONG.
También agregan el cierre de los programas Zona Éxitos, La Doble Vuelta y Eso es un Tema de la emisora Unión Radio (de Caracas). “Aún cuando no hay información en cuanto a las razones por las cuales el directivo ha decidido sacar del aire los programas mencionados, no podemos dejar de documentar la autocensura como un patrón reciente que nos preocupa”, agrega el organismo.
Presos políticos desamparados por el Estado
La organización no gubernamental documentó como un acto de agresión y hostigamiento contra los derechos humanos la transferencia de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo, que reseteó los casos de al menos 45 presos políticos y 2 expresos políticos con medidas cautelares.
De ese grupo, 7 personas son militares o militares retirados. Al menos 17 de esas personas están detenidas desde el año 2017 y tuvieron su primera audiencia de juicio con el tribunal en el año 2021.
18 personas afectadas por el cambio del tribunal denuncian una atención médica urgente por enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, o estados de salud críticos durante su reclusión, cuadros depresivos o hernias inguinales e inflamación en los genitales.
