La imputación de la infanta Cristina, hija de los reyes de España, por el escándalo de corrupción que afecta a su marido marcó el miércoles un punto de inflexión para la corona, a la que tradicionalmente se creía a salvo de cualquier responsabilidad judicial.
El juez José Castro citó a declarar a Cristina de Borbón en calidad de sospechosa el próximo 27 de abril en el tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, donde se investiga un caso que acumula ya más de 42.000 folios de instrucción.
Es la primera vez que un familiar directo de Juan Carlos y Sofía es imputado judicialmente. Cristina, la mediana de los tres hijos de los reyes, es la séptima en la línea de sucesión al trono español y el caso supone un nuevo golpe a la imagen de la monarquía, muy deteriorada en el último año.
La Casa Real dijo que «no hace comentarios sobre decisiones judiciales» mientras que los partidos políticos expresaron unánimemente su respeto por la justicia.
La imputación es una figura legal que señala que la infanta está bajo investigación, pero no se aplican restricciones especiales de movimiento y tampoco se la acusa de delito formal alguno.
Cristina, de 47 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que supuestamente documentaban su conocimiento de las actividades de su esposo Iñaki Urdangarín.
La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
El cerco judicial se había estrechado mucho sobre la infanta Cristina en los últimos meses. Su secretario personal Carlos García Revenga fue imputado y ya testificó ante el juez Castro el pasado 23 de febrero.
Castro había rechazado previamente la imputación de Cristina al no encontrar indicios suficientes de culpabilidad. Pero en un nuevo auto de 19 páginas el magistrado reconoció que el testimonio de García Revenga generó dudas sobre el papel de la infanta, que formaba parte como vocal de la directiva del instituto en cuestión Nóos.
El juez admitió que Cristina no participaba en las contrataciones y la labor diaria de Nóos pero cuestionó que desconociera las actividades de su marido y los beneficios económicos que ambos obtenían usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.
Castro explicó que ese comportamiento podría calificarse como de «cooperación necesaria» o «complicidad», según el Código Penal español y aseguró que no imputar a la infanta cerraría en falso la investigación y rompería la máxima de que la «justicia es igual para todos».
Al igual que su mujer, Urdangarín, de 45 años, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel y todavía no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.
En enero, el juez Castro impuso una fianza de 8,2 millones de euros (11,1 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil para Urdangarín y Torres, que no pagaron. Ambos recurrieron la resolución y están a la espera de un fallo definitivo. Al tratarse de una fianza civil, no se contemplan penas de cárcel por impago.
En el auto de 542 páginas para justificar la fianza, el magistrado argumentó que los imputados utilizaron el «paraguas de bondad y de ayuda al prójimo» que se presupone a las entidades sin ánimo de lucro para «desviar fondos públicos en beneficio propio».
Ex deportista profesional de balonmano, doble medallista olímpico, presentado en el pasado como el marido perfecto, Urdangarín es ahora el enemigo público número uno. Está apartado de los actos oficiales de la corona y su perfil no aparece en el sitio en internet de la monarquía.
Sin embargo, el caso ha multiplicado las sospechas de que los más allegados a la familia real hicieron la vista gorda a unos negocios presuntamente turbios.
La imagen del próximo 27 de abril con la hija de los reyes entrando en un tribunal de justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en Africa el año pasado que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo de 26%.
Urdangarín y Cristina, que tienen cuatro hijos, ostentan el título de duques de Palma, la misma ciudad que investiga el caso. El grado de indignación popular llevó al ayuntamiento a retirar el nombre de «Duques de Palma» a una de sus calles céntricas debido a la «conducta poco ejemplar hacia el título».
Es sólo un símbolo, pero refleja la pérdida de reputación que sufre la monarquía en un momento especialmente difícil para la sociedad, según recogen todas las encuestas.
Además, la salud de Juan Carlos, de 75 años, se ha resentido en los últimos dos años en los que fue operado de una hernia, las dos caderas, la rodilla y de un tumor benigno de pulmón.
Cuando la reina Beatriz de Holanda, también de 75 años, anunció en enero que abdicaría en su hijo Guillermo algunos quisieron establecer un paralelismo con España, aunque son casos incomparables según los expertos.
En respuesta a las especulaciones sobre su continuidad, la Casa Real precisó en febrero que el rey no se plantea abdicar y que no existe un plan para acelerar su sucesión.
Hasta ahora, sólo el líder regional del Partido de los Socialistas de Catalunya ha pedido abiertamente a Juan Carlos que abdique en los príncipes de Asturias Felipe de Borbón y Letizia Ortiz para iniciar la transición de la monarquía al siglo XXI.
Pero ni los socialistas españoles ni ningún otro partido político nacional se ha pronunciado a favor de la salida del monarca. Tampoco existe un gran movimiento republicano.
Juan Carlos es una persona carismática. La sociedad todavía le agradece la forma en la que pilotó la transición a la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y su papel en defensa del Estado tras la intentona militar golpista del 23 de febrero de 1981.
