Trabajo de www.talcualdigital.com
En los últimos meses, la violencia política en el país ha presentado nuevos episodios con las agresiones a los candidatos a las primarias opositoras María Corina Machado (Vente Venezuela), Henrique Capriles (Primero Justicia) y las amenazas de muerte contra Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano).
En la última semana, Capriles fue blanco de un ataque de grupos afectos al oficialismo durante su gira política al estado Apure, en el cual 39 personas resultaron heridas, y Solórzano denunció ser la destinataria de amenazas de muerte y de advertencias sobre lo ocurrido en Ecuador con el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios el 9 de agosto.
Antes de estos hechos, el aspirante presidencial de PJ denunció ataques en, al menos, seis estados y María Corina Machado fue amedrentada por sectores del chavismo en varias de sus giras, entre ellas la desplegada en Guárico, y amenazada por la orden que el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez (PSUV), dio a sus adeptos de caerle a «coñazos» cuando visite la entidad.
El politólogo Ángel Álvarez expresa que la violencia ha sido una constante en la política venezolana en las últimas dos décadas. «Lo que es nuevo es lo denunciado por la candidata Delsa Solórzano. No es la primera vez que ha habido amenazas de muerte, pero si obviamente referencias a un caso específico con sicariato como es el caso de lo ocurrido. Eso no es una diferencia sustancial respecto de otras amenazas veladas o abiertas que se le han hecho otros dirigentes políticos venezolanos en el pasado, yo no diría, entonces, que es un escalamiento», indica.
Señala, en ese sentido, que ha habido violencia y represión violenta contra algunos dirigentes detenidos en prisiones, militares o penales ordinaria, «pero eso tampoco es ajeno a la historia de Venezuela. Es decir, en otros momentos de la historia de Venezuela también hubo retaliación violenta o maltrato físico a dirigentes, en este caso de izquierda que eran detenido por la Digipol o el Dirección de Inteligencia Militar (DIM)».
Destaca que la amenaza del uso de la violencia fue una constante en el discurso del expresidente Hugo Chávez, » especialmente en 1998 cuando amenazaba con freír la cabeza a los adecos, sin mencionar, específicamente ningún dirigente en particular. Pero la amenaza era evidente, obviamente nunca lo hizo, pero la amenaza estaba allí».
Añade, que durante la gestión de Chávez, se registraron muchas «amenazas veladas o más abiertas» a algunos dirigentes. De esta manera, el investigador refiere que, entre 2002 y 2004, hubo muchos enfrentamientos en la calle entre los seguidores del gobierno y su opositores.
«Había grupos del gobierno que eran piquetes armados de piedras palos y a veces de armas de fuego que agredían a los manifestantes de la oposición y no solamente a los dirigentes, sino al público a la gente común y corriente en las calles especialmente si las manifestaciones pretendían ir al centro de la ciudad. Pero, también a veces en zonas cercanas a Chacaíto, o algunas otras zonas en otras ciudades del país. Se presentaban grupos armados y golpeados, luego en otras campañas electorales presidenciales y de gobernador ha habido también actos de violencia política», recuerda Ángel Álvarez.
Álvarez puntualiza que en 2012 y 2013 hubo violencia contra Capriles, y antes de eso, en 2006, episodios de violencia y amenazas contra Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo). En esos casos, ambos dirigentes eran candidatos presidenciales. También llama la atención sobre los ataques de los que fue blanco María Corina Machado en el Congreso.
El patrón
El politólogo Piero Trepiccione coincide en señalar la presencia recurrente de la violencia en la política venezolana de los últimos años. «Estamos viendo una serie de incidentes que, efectivamente, se convierten en una especie de patrón y que ahora se enmarcan en estas fases de atisbos de campaña electoral y de reconexión del liderazgo político con los sentimientos generalizados de la población, en todos los estados, a través de giras políticas, de contactos personales», esboza Trepiccione.
El investigador resalta que los incidentes de violencia están asociados a ciertas narrativas que tratan de «convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos, de la fragmentación y de la imposibilidad de transformar la realidad política».
Al mismo tiempo, a juicio de Trepiccione, los ataques hacia dirigentes opositores forman parte de una estrategia que «busca desalentar la participación política y quienes ostentan el poder la menor incertidumbre posible de cara a un proceso comicial que pudiera sacarlos de la posición que ocupan hoy en día».
Añade que hay un trasfondo que pretende desacreditar la noción de democracia, ridicularza y favorecer a gobiernos autoritarios, centralistas y personalistas que ejercen el poder con pocos o nulos pesos institucionales. «De allí la sistematizada de acciones encaminadas a crear ese clima de opinión que disminuya el apoyo, la legitimidad histórica que ha tenido la democracia», indica.
De acuerdo con Ana Claudia Santano, coordinadora general de la organización Transparencia Electoral Brasil, en un artículo publicado en TalCual, la violencia política es una situación internacional como se aprecia en varios países de la región y, más recientemente, en Ecuador.
«El aumento de la violencia política es una clara señal, en mi opinión, de la falta e incluso del abandono de los valores democráticos actuales, como el derecho a la disidencia y la tolerancia. En una época en la que la libertad de expresión, símbolo de las democracias liberales, se ha utilizado precisamente para atacar los sistemas democráticos, muchas cosas están fuera de lugar», argumentó Santano.
Asimismo, puntualizó que los casos de violencia política no están al margen de los intentos de justificar su ocurrencia, «como si existiera algún tipo de ‘provocación’ a la parte contraria que impidiera la convivencia de posiciones antagónicas en el mismo tiempo y espacio. A menudo vemos el intercambio de acusaciones entre los bandos afectados, siempre uno acusando al otro de los hechos que, al final, comprometen las libertades más básicas. En cada agresión, asesinato o amenaza, no hay sólo una víctima, sino un grupo de personas que se ven afectadas por los hechos».
Discurso en torno a la violencia política
El gobernante Nicolás Maduro negó, el lunes 14 de agosto, que desde el oficialismo se apele a la violencia para resolver las diferencias políticas con la oposición. Aseguró que el chavismo es “gente de paz, gente de diálogo”.
El mandatario ordenó una investigación tras las denuncias sobre amenazas de muerte a la candidata Delsa Solórzano y ofreció protección el Estado para la dirigente y el resto de los opositores.
“Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir la verdad. Para mí es un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado (Cabello), de la revolución bolivariana. Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado y de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas”, expresó Maduro.
Por su parte, Delsa Solórzano, a través de un live de Instagram el mismo 14 de agosto, rechazó la oferta de Maduro: “Nosotros no vamos a estar amparando vagabundería para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar una supuesta existencia de Estado de Derecho».
“¿Por qué de tantas agresiones que hemos denunciado, porque el día que nos agredieron en el estado Vargas y denunciamos que fueron personeros del PSUV, no abrieron una investigación? ¿Por qué no se han abierto investigaciones sobre las agresiones que sufren los otros candidatos, como las de María Corina Machado y Henrique Capriles?», increpó Solórzano.
Los politólogos Ángel Álvarez y Piero Trepiccione señalan que lo mínimo que podía hacer Maduro es poner a disposición de los dirigentes la seguridad del Estado.
«Sería un error político grave que Maduro no ofreciera protección a los candidatos si él quiere, digamos, hacer unas elecciones que sean percibidas por el público nacional e internacionalmente como las elecciones democráticas», argumenta Álvarez.
Trepiccione afirma que lo mínimo que se espera de un gobernante es la protección de sus ciudadanos y que se garantice el derecho a la vida, a la participación política, a organizarse. «Son derechos que están en la Constitución y quien ejerce el poder debe, al menos, declararlo así», sostiene.
El 15 de agosto, tras los ataques en Apure, Henrique Capriles puntualizó: «Creen que con violencia, gente encapuchada y amenazas van a callar a los que luchamos para que el pueblo no se muera de hambre. Nos nos van a callar, seguimos recorriendo el país para construir una Venezuela del encuentro».
El 1o de agosto, cuando fue agredido en Delta Amacuro, Capriles recordó los ataques en su contra en los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Anzoátegui.
«¿Será que Maduro ha ordenado a funcionarios que trabajan para el Estado replicar lo ocurrido en las últimas horas en Ecuador? ¡Venezuela necesita soluciones”, expresó el dirigente de PJ.
Por su parte, María Corina Machado denunció el 20 de julio: “Estamos entrando a Valle de La Pascua y nos encontramos con que está la carretera trancada, con individuos armados, encapuchados, enviados por el régimen, trancando con palos la carretera para impedir que nos encontremos con los venezolanos del estado Guárico que quieren reivindicar los valores de la familia, la paz y la justicia».
Antes de eso, la abandera denunció agresiones en gira política a La Guaira. “El régimen que se sabe minoría y recurre a la violencia y los ciudadanos que saben que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos superados por una gran mayoría”, aseguró la candidata de Vente Venezuela el 14 de julio.
Los periodistas Tony Frangie y Kevin Meleán, con la agrupación VE360, han desarrollado un mapa que se actualiza regularmente con el registro de recorridos, visitas y actos públicos de los candidatos a la primaria opositora, desde que anunciaron sus candidaturas. En el mapa ahora quean registrados también los incidentes violentos
