No soy producto de mis circunstancias sino de mis decisiones, escribió Covey. Mi abuelo paterno, un comerciante inclinado a las sentencias sumarias, tenía un credo simple de responsabilidad personal, “merece su suerte” era su respuesta cuando se le comentaba del infortunio de algún conocido atribuido a lo que el lugar común resuelve con “causas ajenas a su voluntad”. ¿Injusto? Es muy posible, las generalizaciones tienen ese riesgo. También sabemos que en el plano personal, normalmente se afecta a un número reducido de personas.
Pero en el campo minado de las decisiones políticas y más en el específico de las decisiones públicas, que son aquellas adoptadas desde el poder, en cambio, la suerte que se juega es la de muchos y tal vez, por mucho tiempo. Estos, contrariamente a lo que cierto lugar común también viene repitiendo, no siempre merecen las decisiones de sus gobernantes y ni siquiera necesariamente los merecen a ellos.
De Laswell en adelante la comprensión teórica de la política pública, lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, se ha ido enriqueciendo. En teoría, el desarrollo de una política pública tiene varios pasos. Antes, durante y después.
La fase pre-política consiste en la definición de los problemas y la generación de los temas, cuando aquellos se convierten en cuestiones de interés público. A esto sigue la demanda, la exigencia al poder de una decisión y la formación de una agenda.
De allí debe pasar a una etapa de estudio, discusión y decisión, cuando la política pública es adoptada, momento a partir del cual se entra en la fase de implementación, cuando la política pública puede producir resultados o consecuencias.
La comparación de los resultados y las consecuencias de una política pública con las metas definidas constituye una cuarta fase que es la evaluación. Evaluación normativa, relacionada con los valores que la definen y evaluación empírica, de sus consecuencias; de su impacto, sea simbólico o tangible, directo e indirecto; de sus costos, que igualmente pueden ser directos e indirectos y de sus efectos a corto y largo plazo.
Sea en hacer o en no hacer, hay una decisión involucrada. No hacer puede ser una política pública si así se ha decidido.
Otra cosa es la indecisión, porque es distinto decidir no hacer que no decidirse a hacer. Curiosamente, la indecisión no es infrecuente en esta actividad en la cual los seres humanos compiten por tener la potestad de decidir y como es sabido tiene consecuencias. Los pueblos pueden beneficiarse o perjudicarse, y esto es lo más probable, por las indecisiones de sus gobernantes. Porque quienes tienen el poder para hacerlo no saben qué hacer o no quieren hacerlo. También sucede que no pueden hacerlo, y ello obedece a crisis reconocidas o no, o formará parte de la causalidad compleja de una crisis por aparecer.
Ha ocurrido y ocurre que los líderes no se atreven a decidir, creyendo que mientras no decidan no pasa nada. Pero la sociedad es viva y esa misma es la naturaleza de sus problemas. La indecisión puede aumentar la dificultad de resolución de un problema o complicarlo hasta hacerlo irresoluble. La decisión no solo ha de ser acertada, sino también oportuna.
Conscientes de todo eso y para contribuir, así sea modestamente a enfrentarlo, en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro hemos emprendido los talleres de políticas públicas para que concejales, legisladores, alcaldes y funcionarios locales y regionales, sin distingos partidistas analicen problemas y acuerden soluciones y modos de ejecutarlas, evaluando costos y beneficios. Empezamos con Nueva Esparta, Mérida, Táchira, y Zulia, en lo que queda de año pensamos seguir al menos en Cojedes, Barinas y la Región Capital.
Hay mucho qué hacer.
