La justicia colombiana avanza en el caso que involucra al hijo mayor del presidente Gustavo Petro y a su expareja Daysuris Vásquez, quienes fueron capturados el pasado sábado por presuntos actos de corrupción.
Este martes, la Fiscalía les imputó los cargos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, que podrían acarrearles penas de hasta 20 años de prisión. Ambos se declararon inocentes y anunciaron que colaborarán con la investigación.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro recibió dinero de personas vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo, que supuestamente iban destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022.
Sin embargo, el diputado del Atlántico habría usado esos recursos para financiar un estilo de vida lujoso, que incluye la compra de dos casas, un carro Mercedes Benz y artículos de marcas exclusivas. La Fiscalía sostiene que Petro hijo no puede justificar gastos por más de 1.600 millones de pesos (unos 400.000 dólares) en ese año, cuando su único ingreso legal era su salario como diputado, que ascendía a 220 millones (unos 56.000 dólares).
Para ocultar el origen ilícito del dinero, Nicolás Petro habría contado con la complicidad de su expareja Daysuris Vásquez, quien también fue imputada por lavado de activos y por violación de datos personales. La Fiscalía afirma que Vásquez accedió ilegalmente a información confidencial de la campaña presidencial y la entregó a terceros. Además, habría puesto algunos bienes a nombre de un familiar suyo para evitar que se relacionaran con el hijo del presidente.
El fiscal Mario Andrés Burgos calificó la conducta de los imputados como «gravísima» y «defraudatoria» para los electores que confiaron en Nicolás Petro. También destacó que Vásquez ha colaborado con la justicia desde que denunció el caso en la revista Semana en marzo pasado.
Por su parte, Nicolás Petro sorprendió al anunciar que denunciará otros hechos de corrupción que involucran a personas cercanas al gobierno.
La defensa de los imputados solicitó la libertad provisional para ambos, argumentando que no representan un peligro para la sociedad ni para el proceso. El juez encargado del caso decidirá este miércoles si concede o no la petición.
