Trabajo de: www.talcualdigital.com
«En los primeros seis meses de 2023 entregamos 21 solicitudes de información y en apoyo con diferentes comunidades se entregaron 10 peticiones. De esta totalidad, 27 realizadas por Espacio Público y comunidades fueron recibidas, mientras que 4 fueron rechazadas sin otorgar justificaciones legales ni proporcionales», apuntó la ONG Espacio Público en su informe semestral sobre desinformación
La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público denunció que durante el primero semestre de este año el Estado venezolano mantuvo el patrón restrictivo y sistemático de opacidad. Señaló que la falta de ejecución de políticas de transparencia, acceso a la información y principios de gobierno abierto dificultan el ejercicio de los derechos para la sociedad.
A través de un informe, publicado en su portal web, la ONG detalló que tal y como se registró en años anteriores realizaron solicitudes de información sobre la gestión pública en la zona central y otras regiones. Para el 2022, se registró que más de 90% de las peticiones de información enviadas no fueron respondidas por los entes del Estado.
Espacio Público aseveró que la negativa de las instituciones de ofrecer información imposibilita el ejercicio de una contraloría social, en especial para la prevención de la corrupción, y limita el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales o ambientales.
«En los primeros seis meses de 2023 entregamos 21 solicitudes de información y en apoyo con diferentes comunidades se entregaron 10 peticiones. De esta totalidad, 27 realizadas por Espacio Público y comunidades fueron recibidas, mientras que 4 fueron rechazadas sin otorgar justificaciones legales ni proporcionales», se explicó en el informe.
Agregó que las solicitudes de información que se hicieron tienen una serie de preguntas que están relacionadas a la competencia del Ministerio de Defensa, Fospuca, Consejo Nacional Electoral y la Gobernación de Miranda.
Espacio Público expuso que las preguntas que se formularon al Ministerio de la Defensa fueron orientadas a una resolución que suscribió en conjunto el Ministerio de Justicia y Paz con el Ministerio de Defensa para regular el funcionamiento «de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana». Señaló que aunque la solicitud se dirigió a ambos organismos, el Ministerio de Defensa se negó a recibir la petición bajo el argumento de que no es competente de esa resolución, sino el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a pesar de que esta normativa la suscribieron los dos entes.
Sobre Fospuca se pidió conocer sobre la contratación pública que tiene con el municipio de Chacao, de la ciudad de Caracas. «Esta no fue recibida y oralmente argumentaron que el ente no es el responsable de dar información y agregaron que tampoco pueden dar cuenta de los procesos, criterios ni mecanismos de la concesión, en la cual participaron. Asimismo, señalaron que no pueden dar datos sobre el establecimiento de las tarifas del servicio».
Respecto a la solicitud que se hizo a la Gobernación de Miranda, señaló la ONG que en «la página web oficial se presenta un obstáculo en el ejercicio del derecho en el espacio digital. En la plataforma no se indica la ubicación de las sedes en distintas partes del estado ni sus competencias respectivas. En ese sentido, el ente debería publicar la ubicación exacta de las sedes y actualizar la ubicación en caso de cambios con sus respectivas competencias para que los ciudadanos estén informados y puedan dirigirse hacia sus oficinas».
Espacio Público sostuvo que de la totalidad de solicitudes, 97% se enviaron a organismos públicos; mientras que el porcentaje restante se dividió en organismos internacionales y organismos privados. Ninguno de los entes presentó respuesta a alguna de las solicitudes, lo cual significa que el patrón sigue siendo el silencio administrativo.
El Estado ignora la obligación constitucional que tiene de compartir información de manera accesible, comprensible y eficaz, siendo un mecanismo de rendición de cuentas y una manera de generar una cultura de transparencia, necesaria para el desarrollo de sociedades democráticas.
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