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La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que el apoyo de países de la región es fundamental para que Nicolás Maduro coopere con la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI).
El 27 de junio de 2023, los jueces de la CPI anunciaron que la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país puede seguir adelante.
La decisión se produce tras la petición del fiscal de la CPI de continuar la investigación después de que, en abril de 2022, el gobierno solicitara al tribunal remitirse a las investigaciones del propio Estado venezolano.
“Las autoridades venezolanas tienen la obligación legal de cooperar con la CPI”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch y agregó que “otros países miembros de la CPI, en particular en América Latina, deben hacer todo lo posible a través de la diplomacia para garantizar que el gobierno de Maduro cumpla con esta obligación”.
La CPI carece de fuerza policial, por lo que debe confiar en que sus Estados miembros cooperen con el tribunal en las investigaciones, detenciones y enjuiciamientos. «La cooperación con la Fiscalía será fundamental para el éxito de la investigación de la CPI», señaló Human Rights Watch.
La investigación de la CPI se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2017, incluyendo privación de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos.
Human Rights Watch señaló que aún con la reanudación de la investigación, «la CPI puede tener un rol significativo apoyando los esfuerzos nacionales de justicia, incluso si estos son paralelos a las propias investigaciones de la Corte.
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