Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com
Según un comunicado conjunto de la ONG Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD) y del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), se cumplieron 3 meses sin justicia para las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, México.
En el siniestro, ocurrido el 27 de marzo de este 2023, murieron 40 personas, 28 quedaron lesionadas y 15 mujeres sobrevivieron a la tragedia, “sin que a la fecha haya transparencia en las acciones que las autoridades mexicanas están llevando a cabo para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y sus familias”.
“Por el contrario, la revictimización y hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias han primado en el proceso”, agregan.
En ese sentido, las tres organizaciones aseveran que tienen “conocimiento de cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) les presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio, y al que por ley tienen derecho”.
Debido a esta situación, las organizaciones exponen su preocupación sobre el riesgo que existe de la deportación de los afectados a sus países de origen. “El INM, como presunto responsable de la tragedia del incendio, no puede ser también quien atiende a las familias, pues esta función es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Por ejemplo, el 16 de junio, el comisionado del INM, Francisco Garduño —quien se encuentra en proceso de investigación por el incendio—, se reunió con representantes del gobierno guatemalteco para dar seguimiento a la reparación del daño de sus connacionales, acciones que le corresponden a la CEAV. Los agentes de Migración han llevado a las personas a sus citas ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría constituir un proceso de coacción”, advierten.
También acusan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de mantenerse al margen del proceso, delegando sus responsabilidades al INM y revictimizando a las víctimas, además de no brindar un apoyo sicosocial y económico a las familias de las víctimas.
“En el corto plazo, los sobrevivientes y sus familias necesitan solventar gastos en sus países de origen —cuidado de hijas e hijos, pagos de servicios—; en el mediano plazo, necesitan traer a sus hijas e hijos a México, asegurar el acceso a educación, protección y certeza para reconstruir sus proyectos de vida; y en el largo plazo, atención médica especializada permanente en los países de origen o de acogida. Aunado a la falta de reconocimiento como víctimas de 15 mujeres que lograron salir a tiempo del incendio. La reparación integral del daño, la cual deberá considerar, entre otras cosas, las medidas necesarias para que las víctimas retomen su proyecto de vida”, expresan.
FGR obstaculiza defensa de las víctimas
En otro apartado de esta posición pública exponen que la Fiscalía General de la República obstaculiza la defensa de las víctimas, en virtud de que “Francisco Garduño enfrenta el proceso en libertad y en funciones, dos migrantes —entre ellos uno con graves lesiones— han sido acusados ser los autores materiales y están encarcelados”.
Por otro lado, comentan que “el 7 de abril, dos de las víctimas designaron a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil como representantes jurídicos, pero la FGR rechazó la designación — actualmente se encuentra impugnada esa decisión y estamos a la espera de resolución—”.
“Al tiempo, la FGR obstaculiza a las víctimas para ratificar a sus representantes legales, al rechazar las firmas y pedirles que acudan a la Fiscalía en Ciudad Juárez, cuando las personas se encuentran físicamente en la Ciudad de México en seguimiento médico y otras en Estados Unidos, lo que les impide viajar”, sostienen.
“A 90 días de este crimen de Estado, las autoridades siguen culpando a las personas migrantes, sin asumir su responsabilidad; incluso con irregularidades en los conteos de las personas afectadas. El testimonio de un sobreviviente señala que la noche del incendio fue rescatado de entre los fallecidos, ya que las autoridades lo habían cubierto con una bolsa, como al resto de los cuerpos, – asumiendo que estaba muerto—, hasta que una de las mujeres migrantes sobrevivientes lo vio moverse y fue rescatado”, agregan.
No fue un accidente, sino la consecuencia de la política migratoria
“Esta tragedia no puede ser una más en la cuenta de casos impunes del Estado mexicano, ni quedar en el olvido. Es necesario reconocer que es la consecuencia de una política migratoria de contención que criminaliza a las personas y las encierra en estaciones migratorias en condiciones de hacinamiento, sin agua ni alimentos suficientes, convirtiéndolas a todas ellas en tragedias –como la de Ciudad Juárez– esperando a suceder.
Desde 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 80 recomendaciones al INM relacionadas con las condiciones de detención al interior de las estaciones migratorias y estancias provisionales sin que nada cambie.
Nosotras, organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a los sobrevivientes y sus familias, llamamos a la CEAV a tomar las riendas en la protección y reparación del daño de las víctimas, a través del ejercicio de sus facultades y deje de avalar la intromisión el INM, porque las personas afectadas son sobrevivientes y acompañar el proceso de reparación es responsabilidad de la Comisión y no de Migración.
Las secuelas del incendió son permanentes, muchos no podrán volver a trabajar ni movilizarse por sí mismos, lo que se traduce en impactos en sus familias y sus proyectos de vida, por lo que la reparación tendrá que estar a la altura de las necesidades familiares.
La FGR debe dejar atrás la simulación y castigar a los verdaderos responsables, comenzando por separar del cargo a Francisco Garduño y no obstaculizar la representación jurídica de los sobrevivientes.
Ninguna persona merece ser encerrada en una celda migratoria y vivir con secuelas de por vida por buscar escapar de la violencia y obtener mejores condiciones de vida para sus familias. Hasta que la dignidad se haga costumbre, ni perdón, ni olvido”.
Firman el comunicado: Ciela Ávila, Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA); Gabriela Gutiérrez, Fundación para la Justicia (FJEDD) y Miriam González Sánchez, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
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