Se acaba de debilitar, como todas las cosas en Venezuela, el tema de la corrupción, una de las enfermedades terminales que han matado a Venezuela.
La efervescencia que tuvo hace unos meses el tema bajó como el alka seltzer, cosa común en nuestro país donde un caso sucede al otro.
En los últimos 20 años, la discrecionalidad, opacidad, falta de rendición de cuentas y controles efectivos, así como el diseño de políticas que propiciaron el conflicto de intereses y la dispersión de competencias, alimentaron los más pasmosos casos de corrupción y la destrucción de la industria que sustenta la economía de Venezuela.
Detenciones, acusaciones, peces gordos, miles de millones de dólares, bancos internacionales han sido los temas más asociados a PDVSA estos últimos días del 2023.
La crisis que azota hoy a Petróleos de Venezuela tiene su origen en la política que hace ya unos años comenzó el régimen chavista, destruyendo la meritocracia, despidiendo de manera irregular a cientos de profesionales altamente capacitados y colonizando la estructura de la compañía con militantes del partido de Gobierno.
La PDVSA “roja rojita” ha traído como consecuencia una estafa mil millonaria que ha hundido a la principal empresa y con ella al país.
Lo denunciado desde marzo es una “estructura diabólica de corrupción” que afectó gravemente las finanzas de la principal empresa del Estado.
El chavismo denunció ese mes el desmantelamiento de “tramas de corrupción” en PDVSA y otras empresas del Estado, en las que decenas de funcionarios, jueces, políticos, empresarios y militares desfalcaron entre 3 mil y 21 mil millones de dólares, especialmente en cuentas por cobrar de operaciones petroleras, según reportes.
La trama de corrupción que se convirtió en viral en los últimos meses confirmó la detención de más de 55 personas, de quienes ya no se conoce su procedimiento penal ni en qué estado se encuentran.
De Tarek El Aissami, quien ejerció como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA durante los años de esas operaciones corruptas nunca se supo más nada luego de su renuncia.
La corrupción denunciada desde marzo pasado por el Estado venezolano afectó en una cantidad gigantesca de dinero que no ingresó a las arcas de la República.
Esto implica que Venezuela dejó de recibir aportes tributarios millonarios para reducir el gasto fiscal e invertir en infraestructura, salud y educación.
El tema lo ha opacado el mismo gobierno con el tema del CNE y las elecciones primarias, pero sigue latente entre algunos políticos apegados a la constitución con miras a un mejor país.
Macario González, uno de los dirigentes de la oposición apegado a la denuncia permanente sobre la destrucción de Venezuela no desmaya en sus delaciones.
Luego del saqueo a la nación en estas últimas dos décadas, escribe, la guerra a la corrupción debe ser una política de la gestión pública en el ejercicio del gobierno (es la única guerra que debe promoverse) por su incidencia en la calidad de vida del venezolano.
El objetivo de esta política es rescatar la confianza de la sociedad en la honestidad de sus gobernantes, acabar con la doble moral de un discurso en campaña y otra conducta al llegar al poder, porque la corrupción tiene efectos devastadores sobre la economía del país, arruina el libre comercio y ahuyenta a los inversionistas.
Macario olfatea: De acuerdo a estudios del Banco Mundial, la corrupción reduce la tasa de crecimiento en un punto por ciento por año y un cinco por ciento según el Fondo Monetario Internacional.
Los países a los cuales se enviaron ayudas, exhibe en un documento, el 30 por ciento no llegó a su destino por hechos vinculados a la corrupción.
“Por esta misma razón la satisfacción del ciudadano en el funcionamiento de la democracia ha decaído, tres de cada cuatro personas lo creen así, es decir, se encuentran insatisfechas y ello afecta la legitimidad de la democracia como forma de gobierno. Nadie puede negar que hay un desencanto con la democracia”, concluye el Diputado larense.
Vienen nuevas elecciones presidenciales y los coyotes ya exhiben sus chequeras en blanco para practicar la corrupción en tu nombre.
Cuando un venezolano da su voto a un candidato le está extendiendo un cheque en blanco para que ponga la cifra. Eso es lo que hace tu favorecido cuando le da la gana. Tú puedes reclamarle pero él no te oye porque sabe que voto (cheque en blanco) que se da, no hay manera de quitarlo. Durante años puede seguir poniendo ceros a la derecha. A ti no te queda más que rabiar y gritarle corrupto, lo cual no lo afecta para nada, si es que escucha el tardío eco.
Este tipo de corrupción se llama representativa. No porque se justifique en los esgrimidos “gastos de representación”, siempre crecientes, sino porque sus practicantes la cometen en nombre de la representación popular, concejales, diputados y senadores.
También lo es porque todo el espectro político está representado allí, democráticamente. De modo que se trata de un robo justo y legitimado.
Además es legal, pues la Asamblea Nacional, legislaturas, alcaldías y concejos municipales tienen atribuciones para aumentarse cuantas veces les vaya en gana. Y las ganas, cuando el cheque está en blanco, se vuelven compulsivas.
Esperemos que la corrupción representativa no sea eterna y que un buen día se le ponga un “quieto”. De no ser así, el acto de votar se estará convirtiendo en un delito. O en su aval. Y cada elector será un cómplice. Un cómplice atípico porque al mismo tiempo es la víctima.
Orlando Peñaloza
