Los venezolanos nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, con un país sumergido en una grave crisis económica, social y humanitaria, y con millones de ciudadanos regados por el mundo quienes salieron huyendo de la realidad tan dura que aquí vivimos. Entre los muchos cambios profundos que amerita nuestra nación está la creación de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la educación de calidad, el acceso a empleos dignos y la seguridad ciudadana.
Si bien es cierto que la economía nacional experimentó un crecimiento en el año 2022, tras 8 largos años de recesión, el mismo solo evidenció uno de los mayores males que azotan a nuestro país: la desigualdad. En pocas palabras, el crecimiento del 2022 no fue equitativo. De acuerdo con la ENCOVI 2022, Venezuela es el país más desigual de América Latina, donde se hace palpable la diferencia en calidad de vida entre quienes tienen ingreso en dólares y quienes tienen ingreso en bolívares. Lamentablemente, vivimos en una sociedad cada vez más injusta, que premia a unos pocos, pero mantiene en la pobreza a millones.
La política económica que demanda Venezuela debe ser equitativa y coherente con la realidad, que parta de las necesidades de los venezolanos. Uno de los principios de la administración pública es la equidad, lo que significa generar condiciones de progreso y bienestar a toda la población sin ningún tipo de distinción. Una buena política económica debe estar centrada en el bienestar general, que respete a la empresa privada, que respete las condiciones laborales, con una administración sana, en la que no se comprometa al futuro.
Contar con instituciones independientes y democráticas, lideradas por profesionales y especialistas comprometidos con el bienestar colectivo, es clave en este proceso. Resulta crucial alcanzar una transformación de paradigma, en el cual los derechos y el avance comunitario sean los principios básicos que impulsen el crecimiento de Venezuela y esto será factible únicamente mediante el pleno respeto a las libertades económicas de los individuos, para crear un entorno de confianza y estabilidad legal que logre fomentar la inversión y la productividad en la economía nacional.
Solo así los ciudadanos venezolanos podrán acceder a oportunidades laborales dignas, en donde se garanticen salarios justos, brinden seguridad social a las familias y posibiliten el disfrute de una vida de calidad y sin discriminación, dejando a un lado la necesidad creada de la posesión de un carnet otorgado por el Estado o por adherirse a una ideología política afín a quienes gobiernan.
Ha llegado el momento de edificar una Venezuela próspera para todos y emprender el trayecto hacia el progreso del país, dando respuesta a las dificultades de la gente. Debemos apostar por la reinstitucionalización del Estado para que se pueda generar un entorno propicio para el crecimiento económico y social. Esta es la vía para recobrar buenos empleos y de calidad, que brinden oportunidades, bienestar, que permitan ahorrar y vivir sin privaciones ni pobreza. Han sido muchos años de castigo a la economía, por lo que enmendar el rumbo y empezar a subir la escalera del progreso requiere del esfuerzo de todos los venezolanos.
