La fracción parlamentaria del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), instó a que finalmente se haga justicia para las víctimas y sus familias, se castiguen a los culpables, así como mantener la atención ante los delitos cometidos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, de cara a la nueva visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y la instalación de una oficina en Venezuela.
Así lo señaló la diputada por el estado Zulia, Lucrecia Morales, de UNT, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada celebrada este martes vía online, durante el debate sobre la visita a Venezuela del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
Indicó que en esta nueva visita del Fiscal de la CPI, Karim Khan, la fracción parlamentarias del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) instó a mantener la atención sobre estos abominables delitos y a buscar entre todos los venezolanos, con la ayuda de los organismos internacionales y el concierto de las naciones, justicia para las víctimas y sus familias. “Solo así podremos algún día cerrar estas heridas y enrumbarnos a un nuevo comienzo, ese que ya está en camino y que construiremos entre todos”, afirmó la diputada zuliana.
Precisa que esta nueva visita del fiscal de la CPI, obliga a repasar las circunstancias que vinculan su actuación como funcionario de tan importante organismo internacional de justicia en Venezuela, por lo que recordó que en febrero de 2018 abrió una investigación preliminar, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas desde el año 2017.
“Ya el examen preliminar del año 2006 había sido fallido por no haberse cumplido los requisitos exigidos por la CPI, posteriormente en mayo del año 2018 la OEA representada por su secretario general Luis Almagro, después de una investigación, en el cual se expresa que existían evidencias suficientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela e invita a los miembros del Estatuto de Roma a remitir a la fiscalía de la Corte Penal Internacional el caso de Venezuela , como sucede el 27 de septiembre de ese mismo año, por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú”.
Recordó que después en el 2019 la entonces Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, visitó Venezuela declarando que había indicios de casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. “En septiembre del año siguiente la ONU mediante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, llega a la conclusión que las violaciones a los derechos humanos podían ser calificados como delitos de lesa humanidad”.
La diputada Morales hizo referencia a todos los organismos internacionales que han investigado y evidenciado los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos a los venezolanos, por parte de los organismos de seguridad del Estado y afectos al PSUV. “En diciembre de 2020 la Oficina del fiscal de la Corte de la Haya, publica un informe declarando casi lo mismo que la Misión de la ONU y en noviembre de 2021 después de la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela, se decide abrir una investigación formal”.
Apuntó que el 30 de octubre, Karim Kan, llega a Venezuela y el 1 de noviembre anuncia la decisión de reanudar esta investigación sobre nuestro país, en misma fecha se firma un acuerdo de colaboración ya conocido públicamente, cuya finalidad era que la parte acusada presentará su propio informe con los alegatos en respuesta a las denuncias buscando esclarecer la situación.
“Tras la solicitud del fiscal de la CPI de reanudar la investigación, todo esto conforme al artículo 18 del estatuto de Roma, la sala de cuestiones preliminares, ordena el 18 de noviembre de 2022 a la sesión para la participación de las víctimas y las reparaciones conocidas con sus siglas en inglés como EPRS de la secretaría que recaba las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre las solicitudes de la fiscalía”.
Agregó que producto de esta indagatoria se presentó un informe en abril de ese mismo año 2022 en el que se detalla que la llamada sesión de la Corte de la Haya, había recibido las denuncias de aproximadamente 8 mil 900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones a través de un mil 746 formulario 5 videos, más algunos complementarios y 124 correos electrónicos u otros tipos de documentos de carácter escrito.
“Los denunciantes fueron de familiares de las víctimas, tutores, cuidadores, defensores de derechos humanos, activistas sociales, estudiantes, profesores, periodistas pensionados, medios de comunicación influencers, propietarios de tierras y empresarios, así como profesionales de distintas disciplinas, ex policías y militares”, reveló la legisladora Morales.
