El ex parlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez, cuestionó la conducta de la administración de Nicolás Maduro en no anunciar oficialmente la visita del fiscal de la CPI Karim Khan al país con la mala intención de no permitir el contacto con las víctimas y defensores DDHH.
Según Narváez, el objetivo de esto fue evitar que los defensores de derechos humanos en el país le exigieran a la CPI la continuidad de la sala de cuestiones preliminares de investigación de los Crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela durante el año 2017 por el Plan Zamora.
“Queríamos hacerle saber al fiscal que el Estado aún no cumple con el memorándum de entendimiento y el principio de complementariedad establecido en el estatuto de Roma firmado en noviembre del 2021 entre las partes”, destaca en un documento el abogado.
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Asimismo, señala que buscaban evidenciar cómo el sistema de justicia “aún no ejerce su autonomía e independencia y menos sus atribuciones establecidas en nuestra carta magna. El debido proceso sigue vulnerado a todos los presos políticos que se encuentran recluidos sin ningunas garantías pues las audiencias son suspendidas sistemáticamente, el compromiso de crear una oficina técnica de la CPI en nuestro país aún no se cumple por el temor, estamos en presencia de una conducta impregnada de mentiras por parte de un Estado que mantiene los derechos humanos en total oscuridad”.
El defensor por los derechos civiles para finalizar insistió en su tesis que la única esperanza para reparar el daño de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es la CPI, acotando que el régimen venezolano “se equivoca nuevamente al intentar borrar algo imborrable ocurrido en el 2017 de manos del letal plan Zamora”.
