El dramaturgo y escritor Leonardo Padrón acudió este lunes a la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente el acoso telefónico del que ha sido víctima por parte de seguidores del gobierno nacional.
Exigió que se abra una investigación que determine la responsabilidad penal de quienes han invadido su intimidad, además profiriendo amenazas contra su vida e integridad física.
«Me han llamado no solamente a mi celular sino también a mi teléfono de residencia», explicó el artista a su salida de la institución.
Padrón aseguró que la acción de los acosadores busca silenciar la activa voz crítica que ha venido sosteniendo contra el gobierno nacional con cada una de sus declaraciones, especialmente través de las redes sociales.
«Obviamente están tratando que uno cancele su derecho a la libertad de expresión, de que uno se repliegue bajo el mando de la intimidación», manifestó.
No solamente el dramaturgo, escritor de telenovelas y autor de la serie best seller de Los Imposibles, ha sido blanco de lo que algunos han llamado la «guerrilla comunicacional». También han sido víctimas de este tipo de acoso extremo otros comunicadores y periodistas como Kiko Bautista, Ibeyise Pacheco, Milagros Socorro, Nitu Pérez Osuna, Laureano Márquez, Mary Monte, entre otros.
Entre las modalidades de invasión al derecho a la privacidad al que han recurrido los delincuentes, esta la publicación, vía twitter, de los números telefónicos de las víctimas «para alentar a sus seguidores a que nos llamen para insultarnos», señaló el dramaturgo.
En este sentido, «yo estoy ejerciendo aquí mi derecho como ciudadano a poner una denuncia por un hecho que vulnera la intimidad de mi hogar, vulnera mi paz y mi derecho ciudadano a expresar libremente lo que puedo yo opinar o no a propósito de una gestión gubernamental en este país», agregó Padrón.
Cabe recordar, no sólo el escritor sino también casi todas las personas que han recibido amenazas en los últimos días, también fueron objeto de una ola de «hackeo» de cuentas de Twitter, y en algunos casos de correo electrónico, que ocurrió en febrero de 2012.
En esa oportunidad, un grupo autodenominado como «N33» se atribuyó la autoría del ataque informático. Aunque las víctimas denunciaron ante el Ministerio Público, la institución no realizó ni una diligencia para identificar y sancionar a los responsables, por lo que la acción quedó impune.
