Causa muchas dudas la labor que está realizando el fiscal general, Tarek William Saab, ya que él habla de estar investigando una trama de corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), pero está obviando a los principales funcionarios que deben ser sometidos a interrogatorios.
La declaración fue hecha por el profesor Pedro Pablo Alcántara, coordinador nacional de la organización Democracia y Libertad, quien pidió al funcionario explicación sobre varios aspectos relacionados con el saqueo a la empresa petrolera y responsables de la misma.
- ¿Por qué no ha sido citado al Ministerio Público el contralor general de la República, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, para que rinda cuentas del trabajo de contraloría efectuado o no a Pdvsa, ya que desde que asumió el cargo, el 23 de octubre de 2018, nada ha informado acerca del manejo administrativo de la mencionada empresa. Si en ésta, como ha dicho el fiscal general, se han descubierto más de treinta tramas de corrupción, quien ha debido denunciar la primera, para evitar el resto, ha debido ser el contralor. Y si no hizo su trabajo, indudablemente, es incompetente y tiene que responder por ocupar una función que no ha sabido desempeñar. El personaje de marras ni siquiera ha aparecido públicamente para presentar una prueba de las irregularidades administrativas que se han cometido en Pdvsa. Cabe mencionar que después de la denuncia pública sobre los hechos de corrupción, Hidrobo Amoroso se reunió con el presidente de Pdvsa. Ahora bien, las prácticas de la contraloría de la República en torno a la industria petrolera datan de los años ochenta cuando en la empresa estaba una oficina permanente delegada de la Contraloría, además de la propia contraloría interna de Pdvsa. Hay que recalcar que desde la llegada de Rafael Ramírez a Pdvsa nunca más se ejerció la función contralora. La Contraloría cumplía su rol como lo establecía la Constitución y la propia Ley orgánica de Contraloría, pero cesó inexplicablemente.
- ¿Por cuáles motivos no han sido llamados a declarar los miembros de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, quienes fueron ratificados para el período 2023-2024, Alexis Rodríguez Cabello, José Brito y Winston Vallenilla, quienes están obligados a investigar a las empresas del Estado, comenzando por Pdvsa, sobre las cuales se han venido haciendo denuncias de corrupción? Debe quedar claro que las funciones contraloras corresponden a la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución y el propio Reglamento Interior y de Debates. Eso es mandatorio, porque es deber de la Asamblea Nacional mantener la vigilancia acerca de la funcionabilidad o no a los organismos del Estado. Es oportuno señalar que la Asamblea Nacional del 2015 nombró una comisión especial que preparó un informe sobre la gestión de Rafael Ramírez, pero el Tribunal Supremo de Justicia produjo una extraña decisión que prohibió hacer investigaciones acerca de Pdvsa, alegando que ésta contaba con sus propios órganos contralores. De esa forma el TSJ violentó la Constitución.
- ¿Por qué no ha sido citado el ministro Tareck El Aissami, quien es el responsable de Pdvsa, y desde su renuncia al cargo se encuentra, prácticamente, desaparecido, cuando ha debido ser el primero en ser sometido a interrogatorios por la desaparición no sólo de 3 mil millones de dólares, sino de 21 mil millones que, de acuerdo con expertos, no entraron a las arcas del tesoro de la República? Al momento lo que hay es una renuncia del mencionado funcionario vía tuiter y no se sabe dónde está. El ha debido ser citado no sólo por el Ministerio Público sino también por la Contraloría y la Asamblea Nacional. Pero, no lo han hecho.
Hay muchas más preguntas, pero las que se han formulado exigen inmediata respuesta, porque los comentarios que circulan en redes y en todas partes es que más allá de la corrupción hay una purga dentro del partido oficialista. Y llama la atención la declaración de Nicolás Maduro en el sentido de que él es quien dirige las investigaciones sobre corrupción. El monopolio de la investigación es del Ministerio Público y ningún otro funcionario puede encabezar investigaciones. Lo que pueden hacer es la denuncia correspondiente para que los órganos competentes procedan a realizar la labor investigativa.
