No es un país; son ocho. Tampoco se trata de un pedazo de tierra inhóspita y estéril. Es el depósito de diversidad biológica más grande de la Tierra y contiene el humedal tropical y la reserva de agua dulce más vastos del mundo. Además, en ella viven 47 millones de habitantes -incluyendo casi 2,2 millones pertenecientes a pueblos indígenas- y se hablan alrededor de 300 idiomas. La Amazonía está en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, pero lo que sucede en su suelo afecta a todo el planeta.
Por eso, cuando en 2019 se firmó un pacto para proteger los bosques amazónicos tras los 41.858 incendios desatados en los primeros ocho meses de ese año, un grupo de investigadores (más de 240 hoy en día) decidió crear en 2020 el Panel Científico por la Amazonía (PCA).
Un IPCC para la Amazonía
Cortesía: José Antonio González-Carcacía
El PCA se convocó con el auspicio de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, una iniciativa de las Naciones Unidas (ONU), y cuenta con el apoyo de una secretaría técnica en Sao Paulo (Brasil) y Nueva York (Estados Unidos).
El Panel se asignó la misión de “sintetizar y comunicar el conocimiento científico, indígena y local para acelerar soluciones para un desarrollo sostenible y equitativo”, con la visión de convertirse en “una autoridad mundial que proporciona ciencia y conocimientos de vanguardia y relevantes para las políticas sobre la Amazonía”. A veces aluden al PCA como el “IPCC para la Amazonía”, por sus similitudes con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático.
El primer informe del PCA se entregó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) celebrada en 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia. Parte de las conclusiones y recomendaciones de ese reporte se presentaron recientemente ante miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN). Como lo recordó en la reunión telemática el presidente de la ACFIMAN, el doctor Ismardo Bonalde, la Amazonía venezolana representa más de la mitad del territorio nacional; por tanto, lo que está pasando allá es un asunto tanto preocupante como de alcance global.
El PCA propuso en la COP26 cuatro acciones urgentes:
• Moratoria sobre la deforestación en áreas cercanas a un punto de inflexión. Según el Panel, el 17 % de la cuenca de la Amazonía ha sido deforestada y el 17 % del bioma se ha degradado. La evidencia indica que algunas áreas se están convirtiendo en fuentes de carbono en lugar de sumideros.
• Cero deforestación y degradación para el 2030. Aunque ambas actividades son perjudiciales, no son lo mismo. La deforestación consiste en talar bosques, eliminándolos por completo; la degradación implica que el bosque sigue existiendo, pero funciona mal.
• Restaurar ecosistemas terrestres y acuáticos.
• Una bioeconomía de bosques en pie y ríos que fluyen.
Navegando por el río Caura, estado Bolívar de Venezuela. Cortesía: José Antonio González-Carcacía
En el encuentro con la ACFIMAN, el doctor Carlos Nobre (Brasil), copresidente del PCA, recordó que la Amazonía está cerca del punto de no retorno, principalmente la parte sur, que cubren cerca de 2,3 millones de kilómetros cuadrados. “En los últimos años, las áreas degradadas son el doble en comparación con las deforestadas”, indicó Nobre. De allí la necesidad de actuar con celeridad.
Además de la expansión agropecuaria, la construcción de carreteras, la explotación de petróleo y gas y los incendios forestales, la minería ilegal es un motor de la deforestación y la degradación de la Amazonía. A su vez, la degradación y la deforestación repercuten directa e indirectamente en la salud y el bienestar de las personas.
Los expertos aseguran que, en la actualidad, la minería ilegal es la principal amenaza socioambiental no sólo de la Amazonía venezolana, sino del resto del país. Cinco claves explican este complejo fenómeno:
1. Territorio único
La Amazonía posee una extensión de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente al 4,9 % del área continental mundial; de ese total, 470 219 kilómetros cuadrados corresponden a Venezuela. Además, la cuenca del río Amazonas es la más grande del planeta; por ella fluyen 230 000 metros cúbicos de agua por segundo.
Hasta 1970, apenas tres países de la cuenca amazónica tenían áreas naturales protegidas: Brasil, Bolivia y Ecuador, y sólo Brasil tenía territorios indígenas reconocidos. “En los últimos 20 años, sólo Bolivia, Perú y Colombia han decretado nuevas áreas protegidas en la región”, informó la doctora María Oliveira-Miranda, coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba. El 27 % de la superficie de la cuenca amazónica se encuentra en territorios indígenas, precisó.
Boca de Nichare (Bolívar, Venezuela). Cortesía: José Antonio González-Carcacía
Países como Brasil, Bolivia y Perú reconocen dos tipos de áreas amazónicas: de conservación y de uso directo. Sin embargo, en Bolivia y Brasil la superficie de uso directo es mayor que la de uso indirecto o de conservación. “Esto significa que, bajo el paraguas de áreas protegidas, estamos colocando una proporción de territorio que en realidad no está siendo eficientemente protegida”, afirmó Oliveira-Miranda. En cambio, Colombia, Ecuador y Venezuela cuentan con áreas orientadas principalmente a la conservación.
Por ejemplo, cerca de 380 000 kilómetros cuadrados de la Amazonía venezolana son bosques naturales en un estado de conservación relativamente bueno. La razón de este mayor interés ambiental obedece a que la Amazonía venezolana fue concebida “con criterios biogeográficos”, explicó Oliveira-Miranda. En este sentido, ha preservado la historia cultural de los pueblos, ha servido como reguladora del clima y ha funcionado como corredor ecológico junto con los bosques de Colombia y Brasil, entre otras cosas.
2. Habitantes igualmente únicos
Un territorio único debía estar poblado por personas igualmente únicas, y así ocurre en la Amazonía venezolana.
El doctor Gumercindo Castro Arana, defensor del pueblo adjunto del estado Amazonas y descendiente de una familia indígena del municipio Autana, recordó en la reunión entre la ACFIMAN y el PCA que en ese estado venezolano viven 21 pueblos indígenas oficialmente registrados, pero que los más vulnerables son los grupos que se encuentran en lo que él denomina “aislamiento voluntario”. “Habitan en plena selva donde hay focos de la minería ilegal”, dijo.
“Las instituciones que llegan hacen referencia a que este territorio está deshabitado y han tratado de implementar distintos proyectos, pero no han sido exitosos porque obvian a esta población en aislamiento voluntario, que son como los dueños de esa zona”, advirtió Castro.
El defensor del pueblo adjunto del estado Amazonas también alertó sobre la “presencia casi nula” del Estado venezolano en la Amazonía, en particular en el sur, en el municipio Alto Orinoco, limítrofe con Brasil.
Cortesía: José Antonio González-Carcacía
Apoyo internacional
Aunado a la ausencia de autoridad, está la evangelización, “más que todo de la Misión Nuevas Tribus, que tiene presencia en las comunidades más aisladas. Ahora no son extranjeros, sino los mismos indígenas que son preparados fuera del país, y esto ha permitido que la minería avance. Ves a los mismos indígenas participando en cosas que van en contra de su propio existir, como la destrucción de la naturaleza y el ingreso de otras culturas”, lamentó Castro.
Pero no todas las noticias son malas. Desde el año 2022, las Naciones Unidas y otras agencias internacionales de derechos humanos están trabajando en el estado Amazonas “y eso ha tenido un impacto positivo, mas no completo. Todavía queda mucho por hacer. Amazonas está dividido en siete municipios y estas organizaciones han ingresado solamente a dos (Autana y Atures), cercanos a las zonas más pobladas”, resaltó.
El XIV Censo de Población y Vivienda 2011 da cuenta de 52 pueblos indígenas, siendo el Wayuu el que representa el 57 % del total de la población indígena venezolana. En el estado Amazonas habitan 21 de esos pueblos indígenas reconocidos oficialmente.
3. La minería ilegal y su devastadora huella
Marco Garro (tomado de www.ojo-publico.com)
Para el año 2018, la minería ilegal en la Amazonía se extendía por 4.472 localidades.
En Venezuela, hasta el año 2020 se contabilizaron 1.781 puntos de minería ilegal en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, próximos a las cuencas de los ríos Caroní, Causa, Cuyuní y Cuchivero, según datos de Wataniba.
De acuerdo con la doctora María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), “la minería ilegal en la Amazonía venezolana es la principal amenaza ambiental y social del país”.
La experta informó que Venezuela es el único país amazónico con tasas de deforestación exponencial, “con un promedio anual de 120 hectáreas deforestadas y un acumulado en los últimos 20 años de 30 265 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, equivalente a la Isla de Granada”, ubicada en el Caribe.
Además, la deforestación se ha asociado con el aumento de la malaria. También conocida como paludismo, esta enfermedad se trasmite por la picadura de un mosquito del género anófeles infectado con un parásito Plasmodium. Los síntomas incluyen fiebre, vómito y dolor de cabeza, y en los casos más graves, la muerte.
Ecosistemas enfermos
“La minería ilegal es el principal factor socioeconómico generador de malaria en el sur de Venezuela. La mayoría de los casos están representados en personas que ejercen la minería”, explicó Grillet ante el PCA y la ACFIMAN.
¿Cómo se relacionan la malaria y la minería ilegal? Resulta que el mosquito se beneficia de la deforestación. “Las lagunas que se crean por la minería pueden ser colonizadas por los insectos para su reproducción, y la vegetación que se forma entre el área deforestada y el bosque promueve la supervivencia del mosquito adulto”, indicó la especialista.
Pero la malaria no es la única enfermedad que gana terreno gracias a la deforestación y la minería ilegal. La fiebre amarilla, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis, la COVID-19, el sarampión y la difteria también se ven favorecidas por estas prácticas humanas.
Grillet recordó que en 2018 se reportó el primer caso de sarampión en una persona de 40 años perteneciente al pueblo yanomami del Alto Orinoco. “La minería a escala artesanal ha sido tradicionalmente practicada por comunidades indígenas yekuanas y no fue sino recientemente que fue adoptada por los yanomamis. No pueden existir personas sanas con ecosistemas enfermos”, concluyó.
4. ¿Qué hace el Estado?
El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Núcleo Guayana Gilberto Berríos aseguró que existen 90 áreas declaradas para uso minero, que agrupan un total de 811 796,20 hectáreas. No obstante, el Estado “no ha garantizado la regulación y el control de la actividad minera en dichas áreas ni dentro de los 111 843,70 kilómetros cuadrados de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, establecida en 2016 a través del decreto presidencial N° 2248.
Asimismo, Berríos sacó a colación las estadísticas de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2020, según las cuales las localidades mineras tienen un índice de pobreza superior al 95 % y un índice de pobreza extrema cercana al 70 %.
Otro punto en contra del Estado venezolano ha sido la no ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, suscrito en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2013 en Kumamoto, Japón, y vigente desde 2017.
El mercurio
En el prólogo de ese tratado mundial, el secretario general de la ONU António Guterres dice que, “al igual que muchos contaminantes, el mercurio no solo afecta a víctimas individuales. Causa daños a comunidades enteras. Agrava la pobreza, exacerba los conflictos y aleja aún más las posibilidades de lograr la igualdad. Tomemos el ejemplo de una joven madre que trabaja en la extracción del oro artesanal. Mientras que ella sufre los efectos directos del envenenamiento por manipulación del mercurio en su puesto de trabajo, muchísimos otros -incluidos sus hijos- se ven perjudicados por el daño que causa esa sustancia en el medio ambiente”.
De acuerdo con el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, la minería de oro requiere entre 450 y mil litros de agua para obtener un gramo de oro. “Pero los ingresos por minería de oro no son significativos en comparación con el petróleo”, informó.
Terán puso como ejemplo la reciente trama de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por valor de 21 000 millones de dólares, que salió a la luz días atrás. “Si hacemos una comparación de lo que supone la minería de oro, sería un equivalente a 12 años de devastación de los ecosistemas de la Amazonía para obtener esos ingresos”, dijo. “Hay valores ecológicos que están por encima de la racionalidad económica que se ha impuesto sobre la Amazonía”.
5. ¿Qué están haciendo los científicos?
Cortesía: José Antonio González-Carcacía
Desde mediados de los años 90, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI) investiga algunos sistemas productivos sustentables que puedan garantizar el bienestar de los indígenas y campesinos del estado Amazonas y que, simultáneamente, minimicen el impacto sobre la biodiversidad de los bosques. Uno de esos programas se centra en la elaboración y comercialización de los derivados de frutos amazónicos.
La presidenta de FUDECI, la doctora Margarita Lampo, explicó que Amazonas es uno de los estados más grandes de Venezuela, pero también es uno de los menos poblados, menos desarrollados, más pobres y más desasistidos. “En vista de la ausencia de planes racionales de uso de la tierra y la incapacidad para hacer cumplir las leyes, la economía extractivista -y no sólo la minería, también la extracción indiscriminada de fauna y flora- ha aumentado en los últimos años”, aseguró.
Entre los frutos amazónicos que se usan en la zona, Lampo mencionó el cacao (Theobroma cacao L.), copoazú (Theobroma grandiflorum), pijiguao (Bactris gasipaes), seje (Jessenia polycarpa), manaca (Euterpe oleracea), túpiro (Solanum sessiliflorum) y arazá (Eugenia stipitata).
FUDECI ha venido trabajando con el copoazú, manaca, túpiro y arazá. “El uso de esos frutos en estas comunidades es ancestral, de modo que la intervención de FUDECI ha consistido en apoyarlos para que puedan desarrollar un comercio sostenible”, acotó.
Debido a la introducción de frutos amazónicos en la gastronomía de Caracas, una bolsa de manaca se comercializa en 10 dólares el kilo aproximadamente. “Es una oportunidad”, insistió Lampo.
Resultados parciales
Además de identificar las potencialidades de los frutos amazónicos mediante la caracterización de especies, FUDECI ha entregado recursos y equipos para fortalecer la actividad y los ha capacitado “sin menospreciar sus prácticas ancestrales”, logrando la comercialización del fruto fresco, la pulpa congelada, mermeladas y picantes.
Según Lampo, hasta la fecha se han sembrado 45 hectáreas en los municipios Atures y Autana del estado Amazonas, y 1.300 personas de 12 familias de 6 comunidades han sido beneficiadas. “Las mujeres son las que más se involucran, ya que los hombres están dedicados a la minería. En una mañana en el mercado indígena se estima que se pueden vender 1,8 millones de semillas de manaca extraídas de poblaciones silvestres”.
Terán, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, destacó el caso de Tukupu, la primera empresa forestal indígena de Venezuela, instalada en la Reserva Forestal Imataca y gestionada por el pueblo kariña. “Requerimos y existe la posibilidad de promocionar las economías locales, fundamentalmente indígenas, tanto agrícola como forestal y artesanal. La Amazonía también puede ser un reflejo de cómo podemos impulsar una transición posextractivismo”, sostuvo.
Cortesía: José Antonio González-Carcacía
A debate
Para Terán, no basta lo normativo para abordar la situación de la Amazonía. Sin embargo, cree que “que el debate debe incorporar una moratoria minera y la necesidad de pensar en la derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco”.
De igual forma, considera que la seguridad es un tema del que se debe reflexionar. “Los territorios de la Amazonía están siendo profundamente atravesados por economías de guerra, armadas, violentas y que responden a la apropiación de territorios y recursos. Tendríamos que debatir si la militarización es un elemento que resuelve, que creemos que no”, puntualizó.
Al final de la reunión telemática con la ACFIMAN, la doctora Marielos Peña-Claros (Bolivia), copresidente del PCA, mencionó que en Brasil y Bolivia existen iniciativas similares a las venezolanas para la promoción de productos alternativos y nuevas economías amazónicas.
“Estamos trabajando en el Plan Estratégico 2023-2025 del Panel Científico por la Amazonía para brindar soluciones a diferentes problemáticas. Va a ser muy interesante contar con el apoyo de ustedes en los productos que estamos planificando para los próximos años”, concluyó Peña-Claros.
