Aún no se sabe cuándo terminarán las discusiones que sostienen los miembros de la Comisión Técnica, que analiza los estudios del gobierno, del sector empresarial y la representación sindical, para establecer el salario mínimo.
Así lo manifestó José González, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el estado Lara, quien restó importancia a las informaciones sobre supuestos montos que se estarían acordando, en las reuniones que se vienen realizando en Caracas.
No hay que creer en rumores, especulaciones y mensajes de celulares acerca de que el salario mínimo será de cincuenta o tantos dólares, porque, por una parte, no se ha llegado a ningún acuerdo; y, por la otra, la decisión final será tomada por el Ejecutivo Nacional, que no sólo tiene el rol de establecer un equilibrio entre las partes, sino que es el principal patrón, ya que es el primer empleador del país.
Conviene recordar que después de más de veinte años que no se había celebrado una reunión tripartita, no ha sido sino hasta ahora, por presión de la Organización Internacional del Trabajo, que el gobierno de Venezuela ha accedido a sentarse con los sectores privado y sindical, para analizar el salario mínimo, contemplado en el Convenio 26 del mencionado organismo internacional.
Es irresponsable, irrespetuoso e inoportuno estar haciendo anuncios acerca de un monto del salario mínimo cuando aún se está discutiendo el asunto, dijo González. Lo que sí se debe decir es que el sector sindical hará hincapié en que el aumento del salario mínimo tiene que atender el reclamo de los trabajadores activos, así como de los pensionados y jubilados porque es intolerable que todas estas personas estén recibiendo una ínfima cantidad de dinero, que está por debajo de lo que se considera pobreza extrema.
El gobierno no puede buscar excusas de que no tiene dinero, porque es del conocimiento público que está vendiendo petróleo en diferentes mercados, oro y otros minerales, además de percibir ingresos por concepto de impuestos, añadió. Y lo que estamos pidiendo es el cumplimiento formal del artículo 91 de la Constitución, que por cierto firmó el propio Nicolás Maduro y el cual reza que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para él o ella, así como a su familia, las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
González dijo que el sector privado está consciente del contenido de ese artículo, razón por la cual está pagando un salario distinto al establecido por el Ejecutivo Nacional y, por tanto, el sector sindical insistirá ante la representación oficial en su planteamiento, que no constituye una exigencia, sino el cumplimiento del 91 constitucional, que también es parte de la normativa del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo. Y se espera que antes del 30 de este mes, las partes que están analizando y discutiendo ese salario lleguen al acuerdo, el cual es esperado por toda la población de trabajadores, jubilados y pensionados.