El Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 significó un despojo territorial contra Venezuela en momentos en que nuestro país vivía una enorme crisis política. El presidente Ignacio Andrade carecía de liderazgo y de autoridad, lo que se agravó con la invasión de Cipriano Castro al frente de la Revolución Liberal Restauradora. El ambiente estaba dominado por el caos, la anarquía, un gobierno tambaleante y división entre los venezolanos.
La situación era muy distinta durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Por eso, el 12 de noviembre de 1962 el canciller Marcos Falcón Briceño denunció el Laudo Arbitral de 1899 en un histórico discurso ante las Naciones Unidas. En esa oportunidad, Falcón Briceño destacó que el Laudo era nulo porque, entre otras razones, carece de motivación, contiene ultra petita, violó el principio de imparcialidad y es producto de un fraude contra Venezuela.
Como consecuencia de lo anterior, el Reino Unido acepta negociar con Venezuela sobre la reclamación territorial de nuestro país. Luego, el 17 de febrero de 1966, en el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el Acuerdo de Ginebra. Este acuerdo busca un arreglo “practico y satisfactorio” de la controversia. Además de este logro diplomático, Venezuela cuenta con títulos histórico sólidos, como lo demostró el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela. En esta obra reporta que Inglaterra, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, señaló que nuestro “país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana”.
Es admitido que el Acuerdo de Ginebra ha sido un logro significativo de la diplomacia venezolana. Y fue en democracia cuando el país estaba dirigido por un liderazgo civil de reconocido prestigio político, intelectual y moral. Fue la combinación de unos lideres políticos de talante de estadistas con una diplomacia eficiente, basada en la meritocracia. Venezuela era un país rico y había unidad en torno a este fundamental problema nacional.
Este asunto se tramitaba bajo la inspiración del Acuerdo de Ginebra hasta que la estrategia cambió bruscamente el 20 de febrero del 2004, cuando el presidente Hugo Chávez, y en visita a Guyana, afirmó: “el gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a sus habitantes”. A partir de esa fecha Guyana radicalizó su posición en la disputa y así pretende separarse del Acuerdo de Ginebra, como se evidencia de su conducta posterior.
A lo anterior debe añadirse que en 2007 el presidente Chávez comete otra imprudencia al proclamar que la reclamación venezolana se inició “por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. El dogmatismo ideológico, la manía de ver al “imperio” por todos lados y los intereses políticos circunstanciales se impusieron sobre el compromiso con Venezuela. Hay que reconocer los errores cometidos −por quien sea− para no repetirlos. De lo que se trata es de deslastrarse de solidaridades ideológicas para poder confeccionar la mejor defensa de los intereses venezolanos.
El manejo ideológico de este asunto vital para Venezuela nos ha perjudicado. No puede pasar inadvertida la influencia del castrismo sobre la “Revolución Bolivariana”. Y la posición de Cuba en este conflicto ha sido históricamente contraria a los intereses venezolanos. Así se demuestra con la declaración de Ricardo Alarcón, canciller de Cuba en la época, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó a los cuatro vientos: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guayana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. Estos son hechos objetivos que no pueden olvidarse.
Así las cosas, Guayana aprovecha la división interna entre los venezolanos y el alto nivel de conflictividad para plantear en marzo de 2018 su reclamación contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. De esa manera se judicializó el caso; y así pretenden separarse del Acuerdo de Ginebra.
En este contexto se inscriben las dos decisiones dictadas por la CIJ en el proceso planteado por Guyana. La primera fue la del 18 diciembre de 2020, en la cual afirmó su competencia para conocer la controversia. La segunda, es la reciente dictada el pasado 6 de abril que rechazó el alegato formulado por Venezuela sobre la inadmisibilidad de la demanda de Guyana. Ahora le corresponde a la CIJ pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Esta situación es examinada con lucidez por el profesor y académico Héctor Faúndez en su artículo titulado “Venezuela ante la CIJ en el caso del Esequibo” (El Nacional: 7.03.2023).
Ante la decisión de la CIJ del 6 de abril, el gobierno reaccionó con un comunicado publicado ese mismo día en el cual se desliza la idea de que Venezuela pueda abandonar el proceso ante la CIJ. La misma duda surge de las declaraciones de Samuel Moncada (embajador ante la ONU y agente de Venezuela en la CIJ en la disputa con Guyana) del día 6 abril pasado realizadas en Venezolana de Televisión. El embajador Moncada hace una explicación de la situación y de lo que dice uno percibe que está considerando abandonar el caso. Ojalá que mi percepción sea equivocada y que no sea así. ¿Qué se ganaría Venezuela si el gobierno decide abandonar el proceso? Nada, porque “la participación de Venezuela en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia garantiza que nuestros argumentos serán escuchados”, como lo afirma acertadamente el profesor Faúndez en el mencionado artículo. Abandonar el proceso sería renunciar a presentar la contramemoria y defender a Venezuela. El juicio seguiría sin nuestra participación hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Aquí no hay espacio para cometer más errores ni para manejar el asunto bajo el manto de la exclusión y de la improvisación. Es un asunto de Estado. Eso y nada más.
El gobierno debe convocar a los expertos venezolanos sin sectarismos políticos ni dogmatismos ideológicos para preparar la contramemoria y ejercer la mejor defensa de nuestro país. Un equipo de expertos venezolanos (diplomáticos, juristas, historiadores, geógrafos, economistas e ingenieros) asesorados por expertos internacionales −con experiencia y autoridad en asuntos de derecho internacional público− que puedan redactar los alegatos en un lenguaje que entiendan los jueces que van a decidir el mérito del asunto.
Con unidad nacional y con un equipo calificado, nuestro país estará en mejor condición para demostrar que el Laudo de 1899 es nulo, que es producto de un fraude y que Venezuela posee títulos claros que demuestran que el territorio en disputa históricamente nos pertenece.
La necesaria unidad en este asunto debe ser impulsada desde el gobierno. No se debe limitar a convocar reuniones para informar lo que se pretende hacer, sino consultar a los venezolanos que conocen la materia para diseñar nuestra estrategia.
Todos los sectores, civiles y militares, deben estar a la altura del compromiso histórico y actuar con grandeza.
Ramón Escovar León
@rescovar
