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A juicio del abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Izquiel, desde hace unos tres años, el Gobierno venezolano cambió la visión sobre cómo tratar con las «megabandas» criminales del país y sus cabecillas.
En entrevista para la agencia de noticias Efe, Izquiel señaló que hubo mucho tiempo de permisividad con los grupos criminales que operan en Venezuela, por lo que los operativos policiales no son suficientes para acabar con una banda completa.
La criminóloga y coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad, Magally Huggins, afirmó que las megabandas «han jugado un papel político en el país porque han sido utilizadas desde instancias de poder para controlar, sobre todo a los sectores populares».
En referencia a la muerte de «El Conejo», Huggins afirmó que no se puede ver como un hecho aislado, porque las muertes de los líderes de las bandas criminales «no va a controlar la criminalidad, porque la criminalidad no se controla si no hay políticas públicas que partan de la prevención».
La criminóloga indicó que la política debe comenzar con una acción conjunta interministerial en donde las decisiones se tomen de manera coordinada.
Tanto Huggins como Izquiel consideran como otra problemática la desconfianza hacia los cuerpos policiales por parte de los ciudadanos que, además, en diversos casos, se sienten más seguros con los presuntos delincuentes.
Denuncian resurgimiento de prácticas de las OLP
Luis Izquiel indicó que si bien es cierto que con los operativos policiales se ha logrado la desarticulación de algunas megabandas, se mantienen otras como la del Tren de Aragua que opera desde la cárcel de Tocorón y la cual ya tiene presencia en varios países de Latinoamérica.
El Operativo Liberación del Pueblo (OLP), creado por Maduro en el 2015, con el objetivo de combatir la inseguridad principalmente, en sectores populares, ha generado cientos de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales y militares, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias; según la ONG Provea.
Un informe de la ONG Lupa por la Vida arrojó que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.
Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».
Lupa por la Vida advirtió también sobre el resurgimiento de «prácticas abusivas» de las OLP en áreas geográficas pobres, con «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los operativos y un «alto número de víctimas civiles» en cada intervención.
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