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El director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), Luis Betancourt, informó que el pueblo indígena yanomami está siendo desplazado forzadamente de su territorio ancestral debido a la minería ilegal que se extiende hasta el estado Amazonas.
«Cuando hablamos de minería ilegal estamos hablando de la invasión de grupos vinculados a este negocio y eso, a su vez, significa desplazamiento de comunidades que tenían cientos de años en esos sectores, como por ejemplo el pueblo indígena yanomami que tiene aproximadamente 30 mil años de existencia en la región», expresó Betancourt durante una entrevista al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.
El experto en derechos humanos explicó que las actividades extractivas sin control generan un impacto social con la devastación de los ríos por el uso del mercurio, que genera la muerte de varios indígenas y la contaminación del ecosistema.
Resaltó que el decreto del Arco Minero del Orinoco violenta todo lo que tiene que ver con el capítulo octavo de la Constitución, el cual refiere sobre los derechos de los comunidades indígenas: la autonomía que tienen los pueblos originarios para decidir sobre los asuntos de interés de su propia comunidad.
«Lo que llaman la consulta previa, libre e informada en la mayoría de las comunidades donde se está ejerciendo actualmente la minería ilegal ha sido mal empleada a través de las comunidades», dijo.
Ilegal aunque sea legal
Para Betancourt, la minería que se está ejerciendo en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco es «legal» porque está establecida en un decreto. Sin embargo, al revisar los documentos donde se constata que los principios constitucionales, legales y sublegales en el país y a nivel internacional, se salta los estatutos legales. «Allí entra la contradicción».
«Cuando revisamos el decreto del Arco Minero del Orinoco y lo contrastamos con lo que tiene que ver con los derechos ambientales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evidentemente hay una contradicción clarísima y eso lo hace ilegal porque, como bien se sabe, la norma suprema en nuestro país es la Constitución y nadie puede ir en contra de ella, ni siquiera un decreto presidencial. A todas luces es una actividad ilegal, aunque tenga ese matiz de legalidad a través de un decreto», expresó.
El director de GRIAM aseveró que cuando la minería se ejerce a través de un decreto con toda una serie de normas y estándares internacionales en materia de extracción de minerales, se puede hablar de minería legal, pero cuando no está amparada bajo esta figura y de los estándares internacionales es minería ilegal. «Qué es lo que se ejerce actualmente en el estado Amazonas venezolano y también en el estado Bolívar», recalcó.
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