La jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde diciembre de 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario, fue trasladada hoy a una clínica privada para recibir tratamiento contra varias afecciones que la aquejan, informó la defensa de la magistrada.
“La mañana de hoy la doctora Afiuni fue trasladada al Centro Médico Docente la Trinidad, donde fue revisada por uno de sus médicos de confianza, el urólogo Ariel Kauffman, quien determinó que, efectivamente, es necesario practicarle una serie de chequeos”, dijo a Efe el abogado de la jueza, José Amalio Graterol.
El letrado indicó que Afiuni sufre de una afección “sangrante” en la vejiga y que le produce “mucho dolor”, por lo que se solicitó a la nueva jueza que lleva el caso, Marilda Ríos Hernández, que le permitiera el traslado a este centro asistencial, donde se encuentran sus médicos de confianza.
“Se hicieron unas tomografías, mamografías y debe ser trasladada nuevamente a este centro clínico dentro de dos semanas para realizarse otros exámenes con otros médicos y hacer un procedimiento para el cual debe ser sedada”, indicó Graterol.
Graterol recordó, asimismo, que el próximo miércoles se realizará la selección de “escabinos”, una especie de jurados, y posteriormente se debería fijar una nueva fecha de inicio del juicio público.
Sin embargo, aclaró: “Con lo cuestionado que se encuentra el poder judicial en el país (…) no estamos seguros de poder entrar al juicio porque no estamos seguros de que haya imparcialidad”.
El proceso a Afiuni está paralizado desde que en abril del año pasado la defensa optara por no comparecer al inicio del juicio oral y público por considerar que el entonces magistrado de la causa, Alí Paredes, no era imparcial. Esa posición se ha mantenido a pesar de la rotación de los jueces.
Graterol precisó que a lo largo del proceso han sido designados nueve magistrados, debido a recusaciones de la defensa, inhibiciones y la rotación propia de los jueces.
El pasado jueves la defensa de Afiuni solicitó la nulidad del proceso penal en su contra al esgrimir un reciente fallo del Tribunal Supremo que determina que ningún magistrado puede ser censurado o sometido por haber dictado una decisión judicial.
“Dentro del razonamiento de esta decisión, que es firmada por todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, queda claro que ningún juez de la República puede ser censurado o sometido a un proceso penal por el hecho de haber dictado una decisión judicial”, explicó Graterol a Efe.
El día 4 la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) pidió la “inmediata liberación” de Afiuni, a la que consideró prisionera de conciencia del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Afiuni está detenida desde 2009 por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
Durante un mensaje televisado en diciembre de 2009, Chávez dijo que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal y pidió la “máxima pena” para Afiuni.
Otros organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.
