En su amplio informe de 2009, Democracia y derechos humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma preocupada lo que no es un secreto a voces para las víctimas y los venezolanos de bien: «La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana…, que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar… y perseguir penalmente a los disidentes».
Lo dicho por la Comisión no la tacha de parcial – como lo cree el presidente Chávez – pues el mismo Tribunal Supremo de Justicia, por voz de su magistrado Fernando Vegas Torrealba, al inaugurar el Año Judicial 2011 observa, textualmente, que tanto éste como «los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano»; constitucionalmente inexistente y que sólo bulle en la cabeza del Comandante a quien dicho magistrado rinde culto previo y adhesión leal, en sus palabras.
No sorprende, entonces, salvo por mostrar el rostro «oculto» y tenebroso del Socialismo del siglo XXI – a saber su colusión con el narcoterrorismo y el concierto de los poderes públicos para tolerarlo – lo que afirma ahora quien es cabeza de la justicia penal venezolana durante los años de la revolución, Eladio Aponte Aponte, hoy bajo cuidado de la DEA. Lo persigue la INTERPOL pero se niega a investigarlo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Aponte apenas repite y se repite, en efecto. Los jueces penales sujetos a su disciplina condenan a inocentes, persiguen a disidentes acusados por testigos sin rostro o comprados – como el «testigo estrella» de Isaías Rodríguez en el homicidio de Danilo Anderson – y también conciertan sus sentencias en el despacho del Vicepresidente. !El caso es que esta vez el ex juez supremo y Coronel toma de su medicina, pues todo vale dentro de la revolución, no fuera de ella!
En tal orden el Presidente de la República anuncia el retiro de Venezuela de la CIDH. Se carga la Constitución, que consagra en su artículo 31 el derecho de todo venezolano de denunciar ante los organismos internacionales las violaciones de derechos de los que sea víctima y el deber del Estado de acatar los mandamientos de protección otorgados en su favor. Pero obvia, al paso, lo que dispone el artículo 78 la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que es órgano la citada Comisión. Los Estados pueden denunciar, es decir, separarse de las obligaciones que la primera les impone, pero con un preaviso de un año; no obstante lo cual todos los casos y denuncias en curso, incluidas las que lleguen durante el preaviso, siguen su trámite hasta la decisión final, que siempre debe acatar el Estado, incluso en rebeldía.
Huelga señalar, por lo demás, que la denuncia de la Convención Americana no basta para que el Gobierno se zafe, así no más, de la Comisión; pues ella es también y a la par órgano de la OEA. Venezuela debe separarse totalmente, si lo pretende, del Sistema Interamericano y denunciar además la Carta de Bogotá de 1948.
De modo que, en la práctica, tal retiro o denuncia por el Comandante Presidente de las obligaciones convencionales de Venezuela en el campo del respeto y garantía de los derechos humanos, es ineficaz en la práctica y en lo inmediato; salvo que, dicho muy en serio, pretenda dejar a los suyos sin protección futura de derechos en medio del deslave o barranco que sufre el régimen, por razones terapéuticas e incluso criminales.
Lo dicho vale a menos que la iniciativa presidencial en cuestión sea un fuego artificial, para usarla, otra vez, como instrumento de chantaje ante el taimado y nada recio Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; ello, a fin de que meta sus manos en la designación próxima del Secretario de la CIDH, dada la renuncia de Santiago Cantón. Ya el inefable Roy Chaderton, ahora Consejero de Estado por voluntad del inquilino de Miraflores sin que se haya dictado por la Asamblea una ley de la materia, declara que Insulza es lo que es y allí se sostiene por haber «negociado» el voto de Venezuela para ese propósito: prescindir de Cantón. A confesión de parte – diría Aponte Aponte – relevo de pruebas.
(*) Ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
