Un total de 1.262 protestas registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de enero de 2023, equivalente a un promedio de 42 diarias. Esta cifra representa un incremento de 136 % en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información dada a conocer este jueves.
Destaca el OVCS que se documentaron 1.137 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 90% de la cifra total. Las principales exigencias estuvieron relacionadas con derechos laborales y servicios básicos. Adicionalmente, 125 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP) lo que representó el 10% del total.
En cuanto a la distribución geográfica de las protestas en enero 2023, el estado Bolívar lidera el índice de protestas con 153, seguido de Mérida (120), Táchira (105), Miranda (91), y por último Anzoátegui (87).
Caracterización de las protestas
Las protestas de trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias, representando el 82% de todas las registradas.
Cada lunes del mes los maestros y profesores realizaron masivas protestas a nivel nacional, contando con el apoyo de jubilados y pensionados, padres y representantes y otros trabajadores de la administración pública; concentraciones se mantienen como la principal modalidad de protesta; Trabajadores de empresas básicas exigieron el reajuste de las tablas salariales; jubilados y pensionados protestaron durante todo el mes y se sumaron a las movilizaciones de profesores y empleados públicos; agua potable, electricidad y gas doméstico fueron los servicios más exigidos en las protestas; padres y representantes realizaron movilizaciones rechazando las amenazas y anuncios oficiales de sustituir a los maestros por integrantes del Programa Chamba Juvenil, o de las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBCH). Y se documentaron 18 protestas reprimidas en 12 estados, con un saldo de 13 detenidos. 89% de las protestas reprimidas fue por derechos laborales.
Modalidades de protestas
Las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales continúan liderando las modalidades de protestas en Venezuela. Reflejando mayor disposición de las personas a la participación en asuntos que afectan a la mayoría del país. También evidencian coordinación, organización e integración de distintos grupos o gremios. Un ejemplo de esto lo apreciamos durante el mes de enero, donde trabajadores, jubilados y pensionados de diversos sectores se unieron para denunciar la violación sistemática de sus derechos.
Principales motivos de las protestas laborales
- Pérdida del poder adquisitivo de trabajador venezolano ante el poco valor del salario frente al escenario inflacionario y dolarizado de la economía. Esta situación va en contra del Articulo 91 de la CRBV (1999), estableciendo que: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
- Rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) como instrumento violatorio de las leyes que amparan a los trabajadores en cuanto a la intangibilidad y progresividad. Situación contraria a lo establecido en el artículo 89 de la CRBV (1999), que expresa “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”.
- Exigir respeto al derecho a libre asociación y manifestación pacífica de los trabajadores, sin recibir amenazas, amedrentamientos o detenciones por salir a protestar y reclamar la restitución de sus reivindicaciones salariales. Ha sido común que el Régimen criminalice a los trabajadores que se apegan al articulo 68 de la CRBV (1999), cuyo texto señala que: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.
- Rechazar la sustitución de maestros que protestan por jóvenes del Plan Chamba Juvenil e integrantes de las UBHC, como medida que cercena los derechos laborales y a la manifestación pacífica, sin respetar la necesaria formación y capacitación docente, indispensable para garantizar una educación de calidad a niños y jóvenes venezolanos.
- Rechazar las jubilaciones forzadas, anticipadas y sin consenso que han venido implementándose en las empresas básicas.
- Deterioro de las infraestructuras educativas y hospitalarias, así como falta de dotación y equipos para el funcionamiento y atención.
Cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela
En enero de 2023 observamos como las exigencias ciudadanas fueron mayoritariamente por DESCA, igual que durante todo 2022. Es de destacar que las autoridades venezolanas continúan sin implementar políticas públicas dirigidas a resolver los graves problemas del país, la ola de manifestaciones laborales registradas durante este mes, con un incremento de 494%, son una muestra de la indolencia e inacción gubernamental, un ejemplo es el actual salario mínimo oficial que es equivalente a menos de 6 dólares por mes.
Es un hecho el aumento de la participación y organización ciudadana, exigiendo soluciones y respuestas en las oficinas de gobierno. La respuesta del Estado ha sido la represión y criminalización dela protesta social y reivindicativa y el avance en legislaciones que socavan el espacio cívico y democrático.
Por ello, expresamos nuestra preocupación ante la posible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, proyecto presentado en la Asamblea Nacional por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), diputado Diosdado Cabello. Con esta legislación se busca eliminar el derecho a la asociación y reunión, que en definitiva desaparecería al movimiento de derechos humanos independiente de Venezuela.
