Magisterio, gremios, jubilados y pensionados abordaron la Zona Educativa de San Fernando de Apure, constatando la urgencia económica desatendida por las instituciones nacionales.
Protestaron por una mejor calidad de vida, solicitan aumento de salarios basado en dólares, argumentan que la devaluación del Bolívar impide ahorrar y satisfacer necesidades básicas.
«Aquí estamos los docentes jubilados, maltratados, atropellados y humillados. Nosotros no le pedimos pensiones dignas al gobierno, nosotros la ahorramos y las ganamos de manera que no abandonaremos esta lucha», dijo Gladys Lavado, presidente de la Asociación de Docentes Jubilados del estado Apure.
Enérgicamente tomaron la Avenida Casa de Zinc, ciudadanos reiteran estar decepcionados por el silencio ministerial en cada una de las áreas competentes que pudieran ofrecer algún alivio a los empleados públicos.
«No nos rindamos, no bajemos la cara, aunque no sabemos que sucederá mañana, aunque no quieran darnos respuesta, darnos la cara, nosotros tenemos que continuar elevando la voz», comentó Yuvia Tovar.
La Zona Educativa estuvo rodeada de «colectivos» motorizados para evitar que manifestantes hicieran eco de sus quejas a las puertas de las oficinas.
Termómetro Nacional pudo conocer que algunos voceros regionales tratan de posicionar opiniones en redes sociales sobre la supuesta ilegalidad de la protesta cívica.
Ciudadanos del magisterio apureño respondieron: «La cláusula 82 de la segunda convención colectiva autoriza el permiso remunerado, es una asamblea a consecuencia de la confiscación de nuestro salario», sentenciaron.
En algunas instituciones entre ellas -Mario Briceño Iragorry- situada en la comunidad Los Tamarindos, se comprobó que los docentes han cumplido con el levantamiento de actas para asistir a las protestas recientes, pero sin obtener la firma de la dirección encargada.
El conflicto regional
La migración de educadores dependientes del Ejecutivo Regional hacia la nómina del Ministerio del Poder Popular Para la Educación deja pérdidas notables.
Específicamente la disparidad entre la prima de maestría y prima geográfica hace que un docente estadal (beneficiado por la contratación colectiva) pierda dinero mensualmente. Un docente 6 con algunos méritos académicos desmejora sus ingresos en un 25% un efecto de contracción sumado a la inflación.
«Las regiones superan abiertamente en los contratos colectivos a los contratos homologados. Hay mucha distancia entre el contrato colectivo nacional y regional, el único responsable (del cambio de nómina nacional al ministerio de educación) son el gobernador Eduardo Piñate», expresó la dirigencia del comando regional intersindical del magisterio.
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