Ante las acusaciones del exmagistrado del TSJ, Eladio Aponte Aponte, que revelan el sometimiento del Poder Judicial, el diputado a la AN, Richard Blanco, considera que el Gobierno nacional debe cambiar su posición con respecto a los presos políticos del país.
Recordó que debido a las gestiones del exmagistrado, ahora en el exilio, estuvo casi un año detenido en la cárcel de Yare, acusado de los delitos de instigación a delinquir y lesiones graves contra un funcionario policial, cargos, asegura, inventados por la entonces jueza Leyvis Azuaje, quien estuvo en el grupo de jueces asignados en los circuitos judiciales del país por Aponte.
Recordó que Azuaje fue la misma jueza que tiene al dirigente Oscar Pérez fuera del país y negaría la libertad de María Lourdes Afiuni.
“El presidente Hugo Chávez y este gobierno deberían arrodillarse y pedir perdón a los presos políticos, perseguidos y exiliados, así como a sus familiares, que han sufrido la desgracia de tener a sus seres queridos tras las rejas”, puntualizó.
Acotó que el proceso a seguir en el caso de aquellas personas detenidas producto de los presuntos acuerdos extraoficiales de las cabezas de las instituciones del Poder Público, deben ser puestos en libertad de forma inmediata “a confesión de parte relevo de pruebas”, por cuanto se encontrarían en esa situación sólo por “haber levantado su voz contra un gobierno que no ha sabido utilizar los recursos del pueblo en su beneficio”.
Familiares de autodenominados «presos y perseguidos políticos» también pidieron este sábado, en Caracas, justo a raíz de las declaraciones de Aponte, una amnistía.
Osmary Pérez, hija del dirigente político Oscar Pérez, exiliado en Perú, solicitó libertad plena de los perseguidos.
José Miguel Gil
