En el norte del municipio Iribarren, residentes trabajan y viven tras las rejas. Literalmente el 100% de los negocios que operan en la avenida principal de El Cují están blindados con cercas, que ponen distancia entre usuarios y vendedores.
Mientras que los complejos habitacionales cuentan con cerca perimetral y sistema de seguridad eléctrico.
“Vivimos azotados por los delincuentes, y no tuvimos otra alternativa que mandar a enrejar todo. Al principio era muy incómodo porque parecíamos presos en nuestras propias casas y negocios, pero no hay más alternativa”, expresó Carlos Sulbarán, dueño de un local con venta repuestos automotriz.
Cansados de asaltos de día y noche, varias veces a la semana, vecinos de las parroquias El Cují y Tamaca, con población de 132.369 y 63.855 habitantes respectivamente, tomaron medidas en vista que ningún cuerpo de seguridad ha atendido sus denuncias.
“Las autoridades municipales viven diciendo que tienen proyectos para el norte y son puras tonterías”.
Lo fundamental, prosiguió Sulbarán, es que garanticen seguridad.
Residentes de El Cují, tomaron una decisión. Con recursos propios, van habilitar un espacio que funja como módulo policial y cancelarán una tarifa a los funcionarios que quiera asumir la responsabilidad de custodiar la zona. Así lo expresó Carmen Alejos, vocera comunal, quien estableció contacto vía telefónica con EL IMPULSO.
Los entrevistados coincidieron que desde la tragedia de Vargas (1999), con la migración de cientos de afectados al municipio Iribarren, las condiciones de seguridad y calidad de vida, cambiaron en estas parroquia vecinas, en donde se registra la construcción de al menos 5 mil viviendas, entre complejos privados y de la Misión Vivienda Venezuela.
Fotos: Jairo Nieto
