Bernardo Moreno, quien fue secretario privado del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fue puesto en libertad por el Tribunal Superior de Bogotá tras 19 meses de detención preventiva, aunque continuará siendo investigado por un escándalo de escuchas ilegales contra magistrados, políticos y periodistas, informaron fuentes judiciales.
“Esta era una decisión que esperábamos. Creemos en la justicia, en los jueces y seguiremos trabajando para demostrar ante la Corte Suprema de Justicia nuestra rectitud”, dijo Moreno tras salir la noche del martes de una base de la policía en Bogotá, donde permanecía recluido.
El tribunal revocó el martes la detención preventiva de Moreno, que había ordenado en julio de 2011 para evitar que obstaculizara la investigación por un escándalo de escuchas ilegales y hostigamiento a magistrados, periodistas y políticos que realizaron miembros del ahora disuelto servicio secreto DAS.
A Moreno se le implicó en ese caso por supuestamente haber solicitado a funcionarios del DAS algunas de esas informaciones obtenidas ilegalmente. El DAS, disuelto en 2011, dependía directamente de la Presidencia.
“La medida de aseguramiento (detención) debe ser revocada teniendo en cuenta que ya no concurren los motivos fundados y graves que permiten su vigencia. El proceso se encuentra en desarrollo del juicio oral y público, estadio en el que las pruebas de la Fiscalía fueron descubiertas. No perdura por parte del acusado la posibilidad de obstrucción a la justicia”, señaló la sentencia.
Sin embargo, Moreno, a quien la Fiscalía le acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, seguirá vinculado a la indagación hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo.
El caso de Moreno hace parte de una serie de investigaciones de escuchas y seguimientos ilegales que practicó el DAS durante el gobierno de Uribe, quien siempre negó haber ordenado o conocido este tipo de espionaje.
Las grabaciones las habrían ordenado para llevar a cabo una campaña de intimidación y desprestigio a magistrados que indagaban nexos entre paramilitares y políticos, al igual que a opositores y periodists que investigaban esas relaciones.
Los grupos paramiltares, que surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas de izquierda, cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil.
Esos grupos, disueltos en un proceso de paz con el gobiero de Uribe entre 2003 y 2006, tejieron relaciones con la élite política, por lo cual más de 20 exparlamentarios han sido condenados a penas de prisión en los años recientes.
El DAS fue disuelto por el actual presidente, Juan Manuel Santos, ante la gravedad de los delitos que se le imputaban en los últimos años.
Uno de sus exdirectores, Jorge Noguera, fue condenado por homicidio y complicidad con los grupos paramilitares de extrema derecha. La también exdirectora del organismo María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá en noviembre de 2010 antes de que se dictara orden de captura por ese caso.
