Emplazar, nuevamente, a la Fiscalía General de la República para que se ocupe de cumplir con la orden de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo a principios de marzo de este año 2022 en favor de más de 200 ex trabajadores despedidos de la Asamblea Nacional despedidos en el 2021, quienes se pronunciaron nuevamente.
En efecto, una representación de los trabajadores “botados”, pertenecientes al Sindicato Nacional Funcionarios Legislativos de Trabajadores de la Asamblea Nacional -Sinfucan- acudió a la sede del Ministerio Público a exigir el reenganche ordenado por la entidad pública. En esta oportunidad los líderes del grupo fueron recibidos por el abogado adjunto a la dirección General de protección de los Derechos Humanos, Cesar Álvarez.
“Estamos acompañando a más de 200 trabajadores quienes están amparados ante la Inspectoría del Trabajo de Caracas y con una decisión del exministro José Ramón Rivero en donde se ordena el retorno de los despedidos. Son padres y madres de familia, sustento de sus hogares, los fueron despedidos injustificadamente”, informó Juan Carlos García, integrante de la directiva de Sinfucan, quien destacó el apoyo institucional en esa lucha de la Central de Trabajadores Así Venezuela.
“Hay compañeros con muchos años al servicio de la Asamblea Nacional, hay adultos mayores y mujeres quienes estaban embarazadas al momento de ser despedidas los que sufren los rigores del desempleo en esta situación de crisis económica. Hacemos un llamado al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, para que ordene el ejecútese de la orden de la inspectoría y del exministro Rivero”, informó el dirigente sindical.
Los manifestantes consignaron en el Ministerio Público una serie de documentos en donde el grupo de trabajadores, amparados por la representación sindical, pide la celeridad la ejecución del reenganche sin más dilaciones.
Además, entregaron una carta de denuncia de cada uno de los amparados por la Inspectoría del trabajo, el formulario identificando número de expediente que cursa en la referida instancia judicial.
“No les importó el decreto de inamovilidad laboral, ni los derechos contractuales consagrados en el Estatuto del Funcionario de la AN y en la Ley Orgánica del Trabajo que se vulneraron. Vamos a seguir en la calle reclamando nuestro derecho a un trabajo digno. El abogado adjunto a la dirección General de protección de los Derechos Humanos, Cesar Álvarez, ofreció una respuesta a esta situación irregular a más tardar para el martes 25 de octubre, seguiremos en pie de lucha”, aseguró el dirigente sindical Juan Carlos García.
