No se esperan modificaciones de fondo en políticas económicas, por parte del gobierno de transición
Empresa privada mantiene propuestas para enfrentar la crisis y relanzar la economía
Con la desaparición del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, el futuro está lleno de muchas interrogantes y grandes expectativas, tomando en consideración que los que podrían asumir el poder, con decisiones jurídicas hechas a la medida, desatendiendo lo que establece la Carta Magna, con los discursos que venían pronunciando al país, ante de la infausta noticia, demuestran que son totalmente radicales, por lo que se avizora que los tiempos por venir presentan muchas interrogantes que requieren respuestas constructivas.
Lo que se impone en estos momentos de duelo para el país, es reflexionar en torno a lo que más conviene para superar los grandes problemas nacionales, como la inseguridad personal y jurídica; mejorar los servicios públicos de salud, educación, transporte, vialidad e infraestructura; incrementar la producción nacional, con el fin de reducir la enorme dependencia que en estos momentos tiene el país de las importaciones, que se elevaron por encima de los US$ 54.000 millones durante el año 2012; sincerar la economía eliminando los controles y, lo más importante establecer las condiciones para que se produzca la reindustrialización de la economía.
De acuerdo con las cifras que maneja la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), durante la actual administración ha desaparecido más de 46% del parque industrial venezolano, esto en términos absolutos refleja que más de 7.000 industrias dejaron de operar, cerraron sus puertas y dejaron en la calle a más de 1 millón 400 mil trabajadores por la medida pequeña, situación que debe ser revertida a la mayor brevedad, si realmente se tiene como meta, bajar la inflación a un dígito, aumentar la generación de puestos de trabajo, incrementar la oferta de bienes y servicios, atendiendo de esta manera una demanda estimulada por un gasto público irracional, que incrementó la liquidez monetaria el año pasado en más del 60%, según los estudiosos de la materia.
En trabajos publicados recientemente, se ha señalado que en 1998, cuando asumió la actual administración, el sector manufacturero venezolano representaba el equivalente al 17,8% del Producto Interno Bruto, mientras que para el cierre del 2012, como consecuencia de las acciones de persecución y acoso en contra de la empresa privada por parte del oficialismo, esta participación se redujo a un 13,9%.
Lo que más preocupa es que el Estado, a través de ocupaciones, invasiones y confiscaciones ha asumido el control de por lo menos el 52% de la capacidad de producción del país en distintas áreas, ya que además de las industrias básicas, industria petrolera, está involucrado en cemento, transporte aéreo, hotelería, así como también en sector automotriz, agrícola, pero lamentablemente la mayoría de estas empresas una vez que han pasado a manos del Ejecutivo en algunos casos han cerrado, en otros están produciendo a medias.
Propone sector privado
A todas estas, el sector privado venezolano representado en Fedecámaras, ha propuesto la implementación del Plan Progreso y Bienestar, a través del cual se podría revertir la actual crisis, estimulando la oferta productiva nacional, acción que demanda del Estado venezolano tres medidas que no representan modificaciones sustanciales en la actual política de Gobierno.
Se trata, en primer lugar, del cese de las expropiaciones, lo que no significa un cambio de 180º, sino simplemente que se respete la Constitución, un elemento fundamental para recuperar la confianza”,
El sector empresarial estima que la propiedad dejó de ser un derecho para convertirse en una concesión y ello inhibe las inversiones.
Se ratifica que el sector público ha ido desplazando al privado de manera deliberada, porque está considerado en el plan socialista de la nación y ha terminado siendo el gran actor productivo venezolano con consecuencias nefastas para el resto de la sociedad.
En segundo lugar, se persigue sustituir inamovilidad por estabilidad laboral. Están conscientes de que el país no podría soportar una enorme ola de despidos y posiblemente se deba esperar hasta que la economía vuelva a reaccionar. Ello supone que el empresariado se comprometa a mantener el número de trabajadores que tiene.
Como tercer punto, se plantea despenalizar el régimen cambiario. “No puede ser que llevemos dos años de un corral de divisas. Las empresas necesitan una válvula de escape para proveerse de dólares que no tengan que ver con las divisas del Estado; requieren que se abra un mercado paralelo”.
Esas tres solicitudes -de ser atendidas- resultarían suficientes para poder instrumentar el Plan Progreso y Bienestar, lo cual constituiría la parte introductoria de un proyecto que busca crear un millón de empleos productivos en tres años y elevar la inversión privada a más de 20% del Producto Interno Bruto, como lo es en otras naciones de la región.
Se ratifica que la inversión privada en términos productivos reales, es de 7%; “es tan baja que es factible triplicarla”. Asimismo se recuerda que el mejor año de la inversión privada fue 1978 cuando se ubicó en 22% del PIB; desde entonces no se ha alcanzado esa cifra. El promedio de la década de los 70 fue de 19%; en la de los 80, de 9% y en los 90, de 6%. En la era del Presidente Hugo Chávez el promedio de la inversión es apenas de 4%, con lo cual no se puede llegar muy lejos.
Ilustración: Néstor Juárez
