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Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, destacó que los «grandes ausentes» de esta resolución son Colombia, Argentina y Honduras, tres países que lideraron en 2019 un escrito para la creación de la Misión de Determinación sobre el país. Esta instancia, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nació con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género
Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú son los países que encabezan el esfuerzo de renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en una resolución que será presentada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre.
Así lo confirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, a través de un mensaje en su cuenta Twitter. La organización es una de las que lidera las peticiones a los integrantes del Consejo para que se renueve la Misión de Determinación, que investiga graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela al menos desde 2014.
Amnistía Internacional espera que el mandato de esta instancia se renueve por otros dos años, con el objetivo de que los expertos profundicen sus investigaciones. “Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan, es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas”, dijo Guevara Rosas en un evento el pasado 7 de septiembre.
Durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de DDHH, que inició el 12 de septiembre y se extiende por cuatro semanas, se espera que la Misión de Determinación brinde su último informe sobre la responsabilidad de altos mandos y el Arco Minero; además de sus recomendaciones sobre si su labor debe continuar.
Para renovar este mecanismo de la ONU debe haber una clara mayoría de votos afirmativos de los 46 estados que conforman el Consejo. En la resolución se establecerá su periodo de funcionamiento así como los temas que deben investigar.
Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, destacó que los «grandes ausentes» de esta resolución son Colombia, Argentina y Honduras, tres países que lideraron en 2019 un escrito para la creación de la Misión de Determinación sobre el país.
A mediados de agosto, al menos 123 ONG –entre ellas HRW y Amnistía– hicieron un llamado particular a las misiones diplomáticas, integren o no el Consejo de DDHH de la ONU, para que impulsen una resolución y se logre una votación favorable para renovar el mandato. La solicitud también fue respaldada por víctimas y sus familiares.
¿Qué ha hecho la Misión de Determinación?
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.
Esto con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la Misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
En su primer informe, la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
También aseguraron que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
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