Este año debe producirse el informe de Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional, en torno a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, porque la investigación al respecto que, fue iniciada por mutuo propio del mencionado organismo en febrero del 2018, no se ha detenido.
Así lo declaró a El Impulso, el doctor Rafael Narváez, exparlamentario, profesional del Derecho en la rama procesal penal y defensor de los Derechos Humanos.
Los familiares de las víctimas nada tiene que temer de que se pueda paralizar esa investigación, dijo en relación con las recientes declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, al considerar un “craso error” del presidente Iván Duque haberse sumado a los países que apoyaban la investigación de la CPI en Venezuela: Argentina, Canadá, Paraguay y Perú.
Para el doctor Narváez, en primer lugar, el embajador desconoce la parte jurídica que tiene que ver con la Corte.
Ésta no es un relajo y eso debe quedarle claro al señor Armando Benedetti, expuso. La Corte inició una investigación de la situación venezolana y tiene una referencia de la anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien en noviembre de 2020 dijo que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela habían ocurrido delitos de competencia de la CPI (crímenes de lesa humanidad). Y luego el sucesor de ella, Karim Khan estuvo en nuestro país en varias oportunidades, hizo los estudios correspondientes y ya la Corte está en la etapa de investigaciones.
Recordó que establecer la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad es un mandato del Estatuto de Roma, del cual Venezuela es signataria.
Esos tipos de crímenes están contemplados en el artículo séptimo del Estatuto de Roma y la Corte Penal es la institución de carácter internacional, la cual nada tiene que ver con el aspecto político.
Si se llegara a plantear la renuncia a la denuncia formulada por Iván Duque, quedará sin efecto. En ningún momento se va a retroceder la investigación.
En segundo lugar, el embajador de Colombia está mal asesorada y, por lo tanto, su declaración tiene un tinte político y nada jurídico.
La denuncia no la hizo el presidente Gustavo Petro, sino el entonces presidente Iván Duque y, por tanto, no tiene sentido.
De manera que los familiares de las víctimas nada tienen que temer de que pueda haber una paralización en la investigación, por cuanto está se está desarrollando.
Aunque se había pensado en establecer una oficina de la Corte en Venezuela, pero no se concretó esa idea, la investigación se está haciendo con toda regularidad.
En el Estatuto de Roma hay un principio denominado de complementariedad y el mismo está comprometido en el acuerdo de entendimiento que se firmó entre la Corte y el Estado venezolano.
De esa forma, Venezuela se comprometió a investigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero no lo ha hecho.
La Corte investiga a quienes han cometido delitos comunes, sino a los que han incurrido en hechos de suma gravedad en la que pueden estar incursos altos funcionarios militares, de alto rango y hasta presidentes de Estados en ejercicio.
El memorándum de entendimiento suscrito entre el presidente de la República y el fiscal Karim Khan obligaba a reformar el sistema judicial, evitar el retardo procesal y dar celeridad a la justicia.
El Estado venezolano se ha ido equivocando al no cumplir con las obligaciones contraídas, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y, por otra parte, no tiene sentido en la justicia la parte política.
Durante 38 años he venido luchando por los Derechos Humanos en Venezuela y por eso le pido a los familiares de las víctimas que no tengan preocupación, porque la Corte está haciendo su investigación y ésta no será paralizada, esperando que para fines de este año tengamos el informe del fiscal general Karim Kham, terminó sus declaraciones el doctor Narváez.
