La denuncia del “megafraude” de 4.850 millones perpetrado por Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, sobre el cual ha dicho el ministro Tareck El Aissami que entregó pruebas al fiscal general, Tarek William Saab, contrario a lo que pudieran pensar personas desmemoriadas, no es una revelación, porque de sus irregularidades se sabía hace tanto tiempo que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional comenzó en el 2016 una investigación, que fue suspendida por decisión del Tribunal Supremo de Justicia porque no sólo lesionaba al exfuncionario, entonces embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, sino a la propia república.
Así lo expresó el analista financiero, Orlando Zamora, quien ha venido haciéndole un seguimiento a la corrupción del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Lo grave del caso es que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en 2016 dictó medida cautelar para proteger a Rafael Ramírez y, por tanto, desde entonces no puede ser investigado.
El experto que hizo el estudio “Cómo se dilapidó la más colosal riqueza jamás soñada por los venezolanos (1.999-2.015),” al ser entrevistado por Elimpulso.com, manifestó que la denuncia no puede sorprender a nadie.
“Lo extraño de todo esto es que Ramírez tuvo todo el poder que le concedieron Chávez y Maduro, pero ahora ya no le sirve al régimen. No pasa de ser una venganza política”, comentó. “Vamos a ver si Ramírez se atreve a presentar documentación para enlodar a otras personas que participaron con él en sus actividades nada honestas”, agregó.
Aunque sea calificada como “megafraude” es una cantidad muy baja en comparación con los montos que manejó el entonces zar del petróleo y de la energía, el mismo que llamó a la “nueva PDVSA; roja rojita” y por cuya frase Chávez dijo en cadena de radio y televisión que se merecía el Nobel de la publicidad, si existiera ese premio, por lo genial de la idea, ya que la compañía había dejado de ser de la meritocracia imperialista y pasaba a ser socialista.
Hay que recordar que en febrero del 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación sobre irregularidades perpetradas en la empresa petrolera entre 2004 y 2014, los años que tuvo Ramírez como presidente de PDVSA y al mismo tiempo, ministro del Petróleo. Las pruebas que comenzaron a ser revisadas estaban contenidas en diez cajas de archivo.
La abogada Petrica López Ortega, en representación de Ramírez, acudió al TSJ, para solicitar una medida cautelar a favor de su cliente, a fines de septiembre, y a comienzos de octubre se produjo la decisión, la cual ordenó la suspensión de cualquier investigación al mencionado sujeto. Así se convirtió en el único ser de este país que no puede ser objeto de investigación.
En términos muy breves, la Sala Constitucional del TSJ: concedió la medida cautelar a Ramírez en estos términos:
La Sala estimó que existen elementos que sirven de convicción acerca de las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), e incluso contra la República directamente, además de la posible vulneración de los derechos del accionante de autos, ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesaran a la nación, a diversos estados y a la región, tomando en cuenta la trascendencia de PDVSA en el orden económico, social y constitucional.Esta sala declara procedente la medida cautelar solicitada y, en tal sentido, se suspenden los efectos de la investigación abierta e impulsada desde principios del presente año por la Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa PDVSA durante el período comprendido entre los años 2005-2014.
