El registro de 50 ataques y agresiones contra instituciones defensoras de los derechos humanos, en el mes de julio, evidencian que la política de criminalización en contra de estos sectores sigue avanzando. La tesis del Enemigo Interno representa una grave amenaza en el marco del cierre del espacio cívico y democrático en el país.
Estos resultados del Centro para los Defensores de los Derechos y la Justicia (CDJ), evidencian que el derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización y persisten las restricciones al espacio cívico.
Los patrones de agresión fueron aplicados con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentaron a distintos patrones de violencia, represión y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
En la medida en la que el Estado continúa restringiendo el espacio cívico y democrático en el país, aumentan las acciones de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos. Bajo la lógica del Enemigo Interno, el Estado venezolano insiste en ubicar a quienes defienden derechos como actores que deben ser neutralizados y se cometen agresiones en represalia por el ejercicio de su labor, por ser actividades que de acuerdo al Estado son contrarias a la paz y seguridad nacional.
Con base en los patrones de agresión y amedrentamiento, se fortalece el carácter sistemático de la criminalización y represión de la defensa y exigencia de derechos humanos. Durante el mes de julio persistió el uso de la estigmatización como punto de partida para la Política de Criminalización, siendo los principales responsables de estos ataques funcionarios del Estado, y las plataformas de comunicacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos, así como aquellas afines al partido de gobierno.
Desde el CDJ alertan que es necesario el cese de las detenciones arbitrarias y procesos de judicialización en contra de personas defensoras de derechos humanos. Quienes se encuentran privados de libertad y sometidos a procesos penales por ejercer actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos deben ser liberados de forma plena. Defender derechos no es un delito.
Reiteran sus preocupaciones ante los avances legislativos que contribuyen al cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La amenaza de aprobación del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional sigue vigente y los riesgos ante ello siguen siendo altos. A inicios del mes se anunció de manera oficial en el portal de la Asamblea Nacional avances en torno a la aprobación de la exposición de motivos de la propuesta normativa, sin que se publicase el texto aprobado. Recordamos que fue difundido el borrador de proyecto de forma extraoficial el pasado mes de mayo, y que desde la exposición de motivos el mismo contempla disposiciones altamente restrictivas al derecho a la libertad de asociación y defensa de derechos humanos.
Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos; por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es obligación del Estado garantizar entornos propicios para el ejercicio de esta labor y desarticular toda medida o práctica que pudiera comprometer el desenvolvimiento seguro de las actividades de defensa y exigencia de derechos.
Exhortamos al Estado dar pleno cumplimento a sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar derechos, incluyendo el de defender derechos humanos y la acción humanitaria, abstenerse de calificar a las personas que trabajan en el marco de estos como enemigos y cesar de inmediato la Política de Criminalización.
