No solo ha debido ser destituido el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, Marco Polo Cosenza, sino también de quienes él recibió instrucciones para aplicar el instructivo que recortó salarios y beneficios a los trabajadores del sector educativo, plantea el movimiento Alianza del Lápiz.
En declaraciones del profesor Pedro Pablo Alcántara, director político de esa organización para la educación, precisa que el Estado, constitucionalmente, está obligado a proteger al trabajador y su familia. Por tanto, deben ser objetivo de investigación los funcionarios que están por encima de Cosenza, quien recibía órdenes para actuar, como lo hizo, contra los educadores, trabajadores administrativos y obreros.
Alianza del Lápiz considera que se debe actuar con base en la Constitución, en la Ley de la Función Pública, en la Ley contra la Corrupción, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en la Ley de Control Fiscal, la cual establece que cuando ocurran eventos en los que sean violentados por funcionarios los derechos de los trabajadores deben procederse a realizar las averiguaciones de la razón de la conducta, a objeto de establecer las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que haya lugar.
Esa es la razón por la cual nosotros salimos, porque somos el partido que tiene como principio fundamental el desarrollo de la educación en Venezuela, a ser solidarios con los trabajadores del sector educativo y no a pretender restarle protagonismo, sino a apoyarlos.
Los abogados nuestros dicen que aquí hay mecanismos para sancionar a los funcionarios que violen la Constitución y el conjunto de leyes que protegen a los trabajadores, expresó. Hay que establecer ya que ningún funcionario está por encima de la Constitución y las leyes.
Esa conducta de los funcionarios de Onapre contra el texto constitucional y los convenios tiene que ser objeto de una investigación y sancionada. En este caso no sólo ha debido ser destituido el director del mencionado organismo, porque este funcionario recibe instrucciones del director general del Ministerio de Economía y Finanzas o, directamente, del ministro. Y, desde luego, quien coordina la actividad de los ministros, que es la persona a cargo de la vicepresidencia ejecutiva de la República.