Con el último reporte de inflación mensual por encima del 7%, el más alto de las últimas dos décadas, la principal central obrera del país y otras organizaciones sociales afines al gobierno peronista de Alberto Fernández se movilizaban el miércoles en Buenos Aires para protestar contra los empresarios “formadores de precios y especuladores”.
Esta es la primera manifestación liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los tres años de la presidencia de Fernández. De históricos lazos con el peronismo, la entidad aclaró que la convocatoria callejera no es contra el gobierno, aunque sí un llamado de atención por la falta de medidas efectivas para frenar el alza de precios.
El líder del gremio de camioneros, Pablo Moyano, trató de “delincuentes” a los empresarios más poderosos del país nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y le pidió al presidente Fernández “poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicá lo que tengas que hacer. No podemos seguir con este nivel de inflación”.
La inflación de julio fue de 7,4% en tanto que la tasa interanual escaló a 71%, lo que sitúa a la Argentina como uno de los países con mayor inflación en el mundo.
Los analistas proyectan para 2022 un alza de precios superior al 90% y no se descarta que llegue a los tres dígitos si el gobierno no acierta con las medidas tras el cambio en el Ministerio de Economía.
“Vamos a seguir en la calle defendiendo al gobierno pero también denunciando a estos hijos de…(término soez) que le sacan un plato de comida a los trabajadores”, desafío el sindicalista Moyano durante un breve discurso en un escenario improvisado en plena calle.
El dirigente camionero también le reclamó al gobierno “un bono para los compañeros que no llegan a fin de mes” y que mantenga abiertas las paritarias, el mecanismo para la negociación de salarios entre sindicatos y empresarios con la mediación del Ministerio de Trabajo.
La suba de precios -particularmente en los alimentos- está agudizando la pobreza que ya afecta a cerca de 40% de la población, de unos 47 millones de habitantes, al tiempo que erosiona los salarios de los sectores medios.
La cámaras patronales sostienen que su margen de ganancia es ínfima por la carga de impuestos y salarios y que la inestabilidad económica vuelve inviable cualquier plan de inversión.
En contraste con el apoyo de la CGT al gobierno, los sindicatos más combativos y partidos de izquierda tienen previsto movilizarse más tarde a la histórica Plaza de Mayo contra el “ajuste del gobierno” y en reclamo de un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales.
Los economistas y el propio gobierno proyectan una inflación parecida para agosto por el impacto de la suba del transporte público y las tarifas de gas y luz, que quedaron rezagados con respecto de la inflación y reciben millonarios subsidios del Estado.
La víspera el Ministerio de Economía presentó el plan de recorte de subsidios a los servicios públicos —una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para refinanciar un préstamo por 45.000 millones de dólares– que implicará una quita inmediata de este beneficio a los sectores de mayores ingresos y más progresiva para los hogares de ingresos medios.
