La empresa Monómeros Colombo Venezolana Sociedad Anónima, petroquímica filial de Petróleos de Venezuela ubicada en Barranquilla, Colombia, actualmente en conflicto cuando la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política en los hechos irregulares de su gerente general Guillermo Rodríguez Laprea y la presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequivén, Diana Bracho, acaba de recibir un halago por parte de la superintendencia de sociedades, que confirmó que las autoridades colombianas estudian levantar el control sobre la empresa agroquímica por los buenos resultados que se han evidenciado en los últimos meses.
El organismo colombiano, a través del doctor Billy Escobar Pérez, superintendente del organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, aseguró que la decisión se estudiaría en los próximos días teniendo en cuenta que “la empresa está funcionando y creciendo”.
El Diputado Macario González, quien en las últimas fechas ha estado asediado por los medios sobre el sonado caso, estima que la declaración del superintendente de Colombia corrobora todo cuanto se dice en el informe que “aprobamos en la comisión de contraloría”, puesto que ratifica que la empresa tuvo que ser intervenida porque en el diagnóstico que hiciera ese ente andaba muy mal, con el riesgo de una quiebra, y no obstante, como él lo dice, han hecho una evaluación de la marcha de la organización mes a mes desde el año pasado.
Y se pregunta: Por qué una organización que tiene una altísima potencialidad y gran futuro ¿vivió momentos tan críticos que condujeron a su intervención?
Desde el punto de vista de la práctica de la superintendencia en casos como estos, agrega, significa que ese control es el máximo grado de supervisión que ejerce sobre una sociedad comercial en pro de ordenar correctivos necesarios y subsanar situaciones de orden jurídico, económicos y administrativos.
Estima que obliga al ente intervenido preparar un plan para el mejoramiento tendente a subsanar los aspectos identificados por la superintendencia en la investigación que hizo en los factores señalados.
Pudiera resumirse, apunta el Diputado Macario González, que la superintendencia de Colombia “salvó a Monómeros” con la contribución del Presidente Interino Juan Guaidó, quien obtuvo la licencia de la OFAC para que la misma pueda operar libre de sanciones, porque quien la gerenciaba, el señor Guillermo Rodríguez Laprea, la colocó en una situación extremadamente complicada por sus actuaciones al margen de la normativa que rige la empresa.
El superintendente dice claramente que encontraron fallas en la parte administrativa en los resultados de ventas en la rentabilidad, en los recaudos y crecimiento de la evaluación actual de esos factores.
Dependerá de su decisión final en el aspecto de si la mantienen bajo control, o definitivamente la liberan del status actual que tiene, considera el Parlamentario.
Subraya que “para nosotros es una vergüenza que una empresa que llegó a producir 1.3 millones de toneladas métricas de fertilizantes, que abastecía el 40 por ciento del mercado en Colombia y exportaba a otros 50 países, productora también de alimentos para animales y demás, tuviera que terminar en lo que de manera eufemística el superintendente llama acompañamiento, que no es otra cosa que una intervención que ellos usan para salvar empresas, porque en Colombia, algo que deberíamos repetir en Venezuela, el Estado ejerce todas sus potestades para que ninguna cierre y menos en el caso de Monómeros, que como lo dijo el propio Presidente electo Gustavo Petro, es fundamental tener fertilizantes a bajo costo para reactivar la agricultura y por esta vía producir alimentos y abatir el hambre”.
-Lo que dice el superintendente es que la entidad tiene un gran potencial para producir, pero resulta prácticamente inestimable cuánto perdió o dejó de percibir por la situación crítica a que fue llevada por el señor Laprea.
“De allí que debe establecerse la responsabilidad de este señor y de todos cuanto estén implicados en la situación en que se vio colocada la otrora poderosa sociedad internacional de fertilizantes Monómeros”.
Al margen de las conclusiones a que arribe actualmente la superintendencia sobre la situación actual de la empresa no se puede hacer un borrón y cuenta nueva, sentenció el Diputado.
“Monómeros está funcionando con un valor estratégico en la medida que tiene que ver con la situación del sector agrícola; nosotros tuvimos un empalme relacionado con esta petroquímica, pensamos que tiene un gran potencial y gran futuro, además que es una generadora de empleo”, aseguró el superintendente, doctor Billy Escobar Pérez.
“Los acompañamos en la medida en que queremos que salga adelante como lo establece la normatividad. Para la superintendencia de sociedades la apuesta es salvar empresas y ese mecanismo de control es una ayuda para que se regule su situación financiera y administrativa con miras a cumplir plenamente su objeto social”, concluyó.
Se calcula que Monómeros cubre cerca de 50 por ciento del mercado de fertilizantes en Colombia y abastece especialmente a los productores de papa, café y palma. Es considerado el segundo activo más importante de Venezuela en el extranjero.
Nuevas reflexiones
El informe final de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional legítima sobre Monómeros, aprobado el jueves de la pasada semana, es muy preciso, concreto, con todos los detalles, aprobando la responsabilidad política y la destitución de los principales responsables, el gerente general Guillermo Rodríguez Laprea y la presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequivén, Diana Bracho.
Se trata de un dictamen riguroso, bien documentado y un extraordinario debate para sentar un precedente contra la impunidad y la corrupción.
La comisión está integrada por Macario González (presidente), Elimar Díaz (vicepresidente), Sandra Flores, José Ricardo Salazar, Carlos Lozano, Guillermo Palacios, Jairo Bao, Ismael García, Marco Aurelio Quiñones, Elías Bessi, Oneiber Peraza, Ismael León y la abogada Ana Isabel González Machado (secretaria).
Según la versión de los miembros de la comisión contralora, Bracho habría hecho “caso omiso” a 4 oficios despachados por Guaidó para que se tomaran medidas sobre la reestructuración de la empresa venezolana.
La aprobación del informe se produjo con 7 votos a favor mientras que sus otros 5 integrantes estuvieron ausentes.
El informe, que se remitió a Guaidó, a la directiva del Parlamento y a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia, que el año pasado decidió intervenir Monómeros, promueve además la “estructuración total” de la empresa petroquímica filial de petróleos de Venezuela y realizar una “auditoría interna”.
Pero señalan que en él no se atrevieron a tocar a otros responsables, que no son todos los que son ni todos los que no están.
Macario González, presidente de la comisión de contraloría de la legítima Asamblea Nacional que trabajó el caso, hace nuevas reflexiones sobre el tema que dejó mucha tela que cortar: “Debo recordar que comenzamos esta investigación a propósito de rumores que habían en el mundo empresarial; el Diputado Julio Borges en programas internacionales se refirió a la situación de Monómeros en términos críticos, la misma superintendencia de sociedades de Colombia, un bloque parlamentario encabezado por el Diputado José Luis Pirela, y también se sumó el “cintramonómeros”, sindicato de trabajadores de la empresa”.
A propósito de este tema, sentencia Macario, “decidimos darle entrada en la comisión de contraloría abriendo el expediente respectivo”, comenzando a operar facultados por el artículo 223 de la Constitución, y también por el reglamento interior y de debates de la comisión.
-En el mes de octubre del año pasado comparecieron al seno de la comisión el Diputado Jorge Millán, la ingeniero Carmen Elisa Hernández, el Diputado José Luis Pirela, el doctor John Goycochea, y vista la situación planteada con base a documentos que recibimos por unanimidad, la comisión decidió solicitarle al Presidente interino Juan Guaidó que planteara a la plenaria de la Asamblea Nacional y a Pequiven la reestructuración de Monómeros.
“Fui sorprendido cuando la respuesta que recibí fue que en la plenaria de la Asamblea se acordó separar a la comisión de contraloría de la investigación y continuar la misma a través de una comisión especial, quedando retirados por alrededor de unos 9 meses”.
El caso fue retomado visto que no se produjo la reestructuración solicitada, y lo peor, tampoco se ejecutó el informe producto de la actuación de la comisión especial, que por cierto, los Diputados Marco Aurelio Quiñones y José Luis Pirela, quienes formaron parte de ella, no suscribieron el mismo, denunció Macario González.
“Por esta razón, ya con el tiempo obrando en contra del trabajo de la comisión y como todo permanecía sin que se tomaran decisiones sobre la empresa, retomamos el caso concentrando la investigación en el desempeño de las 2 personas que tienen los más altos cargos, tanto en Monómeros como en Pequiven, sobre quienes recayeron tanto la declaración de responsabilidad política, que es hasta dónde puede llegar la competencia del Parlamento, incluyendo también la destitución de ambos funcionarios concretándonos a estos casos puesto que es la materia sometida a nuestra consideración.
¿Quiénes son los otros responsables que señalan no tocó la comisión?
-Se ha hecho alusión a algunos temas que la comisión especial recoge en su informe pero en nuestro caso no formaba parte de la investigación por carecer de elementos.
Se ha hablado de una toma hostil, dice, sobre la cual a la comisión no se consignó ningún elemento probatorio de ese hecho.
“Pudiéramos hablar más bien de trato hostil hacia la comisión de contraloría puesto que el gerente Laprea en lugar de rebatir argumentos intenta descalificarla, se interrumpe el proceso de investigación que adelantan, y las instancias que deben ejecutar sus decisiones no lo hacen”.
Al leer la descalificación del propio señor Rodríguez Laprea, señala Macario González, incluye a los Diputados que integramos la comisión, señalándonos como unos pobres suplentes.
-Se refiere igualmente con displicencia al gobierno interino señalando que no acatan decisiones, quedando en evidencia que su actuación estuvo dirigida a apartarnos de la investigación, objetivo que no logró.
“Lo reto a que no ataque al mensajero sino al mensaje, y léase el contenido del informe porque los miembros de la comisión son los mismos de hace 2 años con quienes hemos analizado y tomado decisiones por lo menos sobre otros 9 casos”, subrayó Macario.
Entre ellos señala el sistema hidráulico yacambú- Quíbor, obras inconclusas en el país que fueron llevadas en nombre de la comisión al Ministerio Público; también se invitó a comparecer al comisionado para el programa “Héroes de la Salud Miguel Pizarro” donde se cerró el caso reconociendo el eficiente trabajo allí realizado, teniendo como fallas solo la existencia de unos 800 médicos que quedaron fuera de él no por razones imputables a la ejecución del mismo, sino por falta de documentación o por las dificultades del sistema eléctrico venezolano que impidieron que algún recaudo llegara a tiempo y los recursos quedaron en manos del consejo de administración de ese proyecto.
Igualmente, expresa el parlamentario, compareció la Diputada Manuela Bolívar para responder sobre la ayuda humanitaria, quedando claro que la misma se tramitó a través de organismos internacionales, tanto en materia de lo que fue el aporte para la vacuna, como cualquier otro respaldo internacional en los cuales participaron directamente a través de la Cruz Roja o la organización panamericana de la salud; nunca se trató allí de dinero sino de aportes en especie, igualmente en lo que tiene que ver la materia de ayuda para personas por riesgo de gravedades de su salud.
Quedó claro también, dijo, que en el evento que se celebró en Colombia para gestionar recursos de ayuda a los venezolanos forzados a la diáspora, ni el gobierno interino, ni el parlamento tuvieron que ver con el manejo de esos recursos que fueron recibidos y distribuidos por ONGS de ayuda humanitaria sin ningún vínculo con el gobierno interino o asamblea.
“Pudiéramos señalar que también fueron debatidos en la comisión casos referidos al sistema eléctrico nacional y la corrupción que allí campea sobre irregularidades en notarías y registros de compras de máquinas por el Consejo Supremo Electoral a la empresa Et cle, y el programa “Universidad Bella”.
-En todos estos casos nadie había hecho observación sobre la legitimidad de los miembros de la comisión de contraloría. Sorprende que al abordarse el tema Monómeros y su informe, se pretenda pedir credenciales a los integrantes de la comisión.
Después de presentado el informe y sus consideraciones, ¿cual es el paso siguiente para la destitución de la directiva encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea?
–La comisión tal como lo acordó dirigió los oficios adjuntando el informe tanto al gobierno interino, a la Asamblea Nacional, a la superintendencia de Colombia y además, como esa sesión fue pública como todas las que hemos realizado en el proceso de la investigación, digamos que también la opinión pública fue destinataria de las conclusiones del informe sobre el cual cada quien sacará sus conclusiones y sabrá lo que debe hacer.
¿Pero el señor Laprea continúa en su cargo?
-Por ahora.
¿Por qué razón?
-Porque la decisión corresponde a otras instancias.
¿Es verdad que la comisión especial que la misma Asamblea Nacional de Juan Guaidó designó para investigar el caso trató de ocultar a los verdaderos responsables de la crisis?
-Ellos presentaron un informe con el cual yo tengo coincidencia en el tema de las recomendaciones que hacen referencia a la necesidad de reestructurar los activos de la República, hasta ahora concentrado en el caso Monómeros, porque sobre los demás activos no hay ningún tipo de denuncias, por lo menos que formalmente se hayan planteado a la comisión de contraloría.
“En mi caso, no he adelantado esta investigación sobre los partidos, más bien abogo y lucho para que Venezuela tenga agrupaciones democráticas fuertes que nos ayuden a reconquistarla y sostenerla”.
Por supuesto, aduce, hay quienes de la existencia del informe buscarán arrimar la braza para su sardina descalificando organizaciones políticas, que no es el propósito del mismo.
“Exigimos que partidos que tengan funcionarios cuya conducta esté reñida con lo que la ley señala, se ajusten al programa de transparencia y ética empresarial, que por cierto fue aplicado a los efectos de Monómeros para intervenirlo, pues deben estar apegados a ese criterio y las organizaciones políticas no pueden amparar a alguien por aquello que se llama la solidaridad automática sino a contribuir a que el asunto planteado se aclare”.
¿Es verdad que algunas de las organizaciones políticas del estatus quo, presuntamente solicitaban una asignación mensual de 1 millón de dólares cada una para sufragar sus gastos de mantenimiento, logística, y becas para los activistas?
-Eso no me consta ni hay nada que lo evidencie, ni siquiera por todas las denuncias que nos han llegado. Hasta ahora son parte de una leyenda que se usa más con fines de descalificar tanto al gobierno interino como al Parlamento Nacional. Hasta ahora no conocemos de ese hecho.
También se denunció que conocidos jefes de partidos tenían “vara alta” en Monómeros donde quitaban y ponían directivos, lo cual no ha sido desmentido.
–Los directivos de la empresa forman parte de un acuerdo parlamentario; precisamente por eso es que resulta un exabrupto que tanto el gerente de Monómeros como la presidenta de Pequiven se sientan abroquelados en esos cargos y crean que no tienen la responsabilidad de responder a quienes les designaron en esas funciones. Han llegado al extremo de referirse a su empleador con desprecio y displicencia.
¿Involucran a Acción Democrática en el caso?
-Se ha mencionado porque por supuesto forma parte del acuerdo parlamentario y específicamente a Guillermo Rodríguez Laprea se le atribuye a dicho partido.
El informe se aprobó con 7 votos a favor, 4 ausentes y uno retirado. ¿Qué argumentaron estos?
-Si se retiraron no podían objetar. Argumentamos quienes nos quedamos de 12-7.
