La ONG FundaRedes, denunció en su más reciente informe que «la minería en manos de los grupos armados irregulares (GAI) y la Fuerza Armada Nacional, contraviene los principios constitucionales y pone en riesgo la soberanía nacional».
En el texto, referente a su quinto informe sobre el ambiente, titulado “El Arco Minero del Orinoco y la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela”, añade que «la injerencia de estos grupos y el abuso de poder, está generando una catástrofe ambiental que afecta directamente a las grandes reservas naturales del país».
De igual forma, resaltan la «decadencia» de esta reserva, ubicada a lo largo y ancho de los 111.843,70 kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO).
«Esta extensión representa 12,2% del territorio nacional, donde se albergan actividades ilícitas como el extractivismo, deforestación, tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques, junto a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales», apunta FundaRedes.
«Esta zona minera sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación, se calcula que han sido destruidas por la minería más de 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar en frontera con Brasil, como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera, desmantelamiento de las industrias básicas y las erradas políticas económicas», agrega.
Esta ONG ha denunciado en reiteradas oportunidades la deforestación y tala de árboles, que se realiza en el Arco Minero del Orinoco «a fin de preparar el terreno para la construcción de pistas ilegales, usadas para el despegue y aterrizaje de aeronaves dedicadas al narcotráfico y el contrabando de minerales», afirma.
«Como consecuencia de lo anterior, se ha evidenciado la fragmentación de los ecosistemas provocando una importante pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y agua, aunado a una devastadora deforestación de miles de hectáreas de selva tropical, todo amparado bajo la acción previsiva del Estado venezolano», asevera la ONG.
De igual forma, el informe de ambiente número cinco emitido por FundaRedes, hace hincapié en que «estas prácticas no solo ocurren en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, sino que se han extendido hacia otras entidades como Apure, Zulia, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre y Nueva Esparta».
Destrucción de la biodiversidad ha sido irreversible
En este sentido, el ingeniero forestal Gustavo Uzcátegui Rosales, Msc y profesor agregado de la Universidad de Los Andes núcleo Táchira, expone dentro del informe que “la explotación minera que se está llevando a cabo en la zona centro-sur del país, se está realizando a través de mecanismos o labores altamente destructivas como lo es la minería a cielo abierto, que por el uso del mercurio para encontrar el oro va destruyendo y contaminando cada una de las capas de los suelos y afluentes de los ríos”.
En cuanto al uso de mercurio en el Arco Minero del Orinoco (AMO) y las mangueras con alta presión de agua para la extracción, enfatizó que “esto genera graves daños, pues además de dejar el suelo completamente estéril, la biodiversidad está siendo arrasada, por lo que es muy difícil que estas zonas se logren recuperar de manera natural”, concluye.
Leyes vulneradas en su totalidad
