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El diputado de Primero Justicia alegó que «entre las atribuciones de la OEA destaca la necesidad de afianzar la paz del continente y afianzar las democracias representativas» por lo que se justifica que intervenga ante lo que él considera evidentes nexos del gobierno de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional. En la sesión de la Comisión Delegada, la diputada Delsa Solórzano cuestionó duramente el último informe de Michelle Bachelet a la ONU, pues «ninguno de los puntos que toca en su informe son adecuados para la grave crisis que vive Venezuela». A propósito del Día del Periodista, diputados recordaron que Roland Carreño continúa preso, desde octubre de 2020
El diputado electo en 2015, Carlos Paparoni (Primero Justicia-Mérida), propuso durante la sesión telemática de la Asamblea Nacional que sigue presidiendo Juan Guaidó, que esta instancia se dirija a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que abra una investigación sobre las verdaderas razones de los viajes del avión de la empresa filial de Conviasa, Emtrasur Cargo YV-3531, que mantienen retenido las autoridades en Argentina desde hace 15 días.
La Comisión Delegada de «la AN legítima», como la identifican sus miembros, abordó este martes 28 de junio el tema de la polémica que ya lleva dos semanas de atención internacional, desde que el 13 se junio se produjera la retención de la aeronave Boeing 747 en el aeropuerto argentino de Ezeiza.
«Que la legítima Asamblea Nacional se dirija a la OEA y fije posición ante este misterioso y peligroso caso del avión y la vinculación de Nicolás Maduro con fuerzas terroristas del mundo«, propuso Paparoni, uno de los cuatro oradores que abordaron el tema durante 40 minutos.
«Entre las atribuciones de la OEA destaca la necesidad de afianzar la paz del continente y afianzar las democracias representativas», arguyó Paparoni para justificar que el Parlamento que sustenta al gobierno interino de Guaidó solicite la intervención de la OEA.
En total, la sesión a través de Zoom y que se divulgó en paralelo a través de Youtube, se extendió por hora y media. Ninguna propuesta fue sometida a votación.
En el punto sobre el caso del avión tripulado por iraníes y venezolanos, también intervinieron los diputados Omar González Moreno (Vente Venezuela-16 de Julio), Luis Barragán (Encuentro Ciudadano), William Dávila (AD-Mérida) y Sergio Vergara (VP-Táchira).
Los parlamentarios no expusieron ningún dato que no haya sido ya ventilado en las numerosas notas de prensa publicadas en las últimas dos semanas por medios de distintos países y que han centrado sus sospechas en el piloto Abbas Gholamreza Ghasemi.
Paparoni recordó que en 2019 él y otros presentaron la denuncia contra el régimen de Maduro de entregar 13.431 pasaportes «a personas posiblemente relacionadas con Hezbollah (…) entre las que estaba Ghazi Nasr el-Dine, investigado internacionalmente por vínculos con el terrorismo».
El diputado de PJ desestimó la versión oficial sobre la adquisición por parte de Conviasa-Emtrasur del avión que ahora tiene siglas YV 3531, pues «hoy no hay ni evidencias de contrato de venta entre ambas aerolíneas, hoy todo indica que sigue siendo propiedad de Irán«.
Wiliams Dávila destacó lo difícil que es, en regímenes «oscurantistas» conocer la verdad, pero destacó como positivo que «se activaron los organismos de Inteligencia que articularon que la información llegara a las diferentes agencias. Es importante mejorar esos mecanismos de cooperación, pues mientras siga Nicolás Maduro no va a promover democracia sino siempre van a estar por los caminos verdes para tratar de eludir a la comunidad internacional«.
El último informe de Bachelet
Como puntos de información, ante de abordar los temas preestablecidos en la agenda de la Delegada, la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) expresó sus críticas al reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, del que se tuvo conocimiento el jueves 23, aunque será oficialmente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este miércoles 29 de junio.
Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, consecuente en sus cuestionamientos al proceder de Bachelet en la ONU, afirmó que «por fortuna será el último» informe que Bachelet presente, tras su renuncia al cargo que se hará efectiva en agosto.
La diputada especialista en materia de derechos humanos rechazó que la alta comisionada haya considerado que en los casos de «los mártires» Rafael Acosta Arévalo y de Fernando Albán, ya hubo justicia. Recordó que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela planteó la necesidad de investigar la cadena de mando y determinar la responsabilidad de estas muertes ocurridas mientras estaban detenidos a cargo del Estado.
Acusó a Bachelet de proceder «de manera impropia» al desconocer que todavía existen en el Sebin y Dgcim presos políticos, que el «nuevo» TSJ «es el más partidizado y politizado de la historia reciente» y por «saludar» la supuesta eliminación de las FAES, cuando la verdad es que el GOES es un nuevo cuerpo de seguridad integrado por exmiembros de las FAES y «acaba de someter a detención arbitraria a nueve jóvenes», afirmó la diputada.
«Bachelet obvia que hay como 300 prisioneros de conciencia y habla solo de 22 a los que llama personas detenidas. La invitamos a que llame a las cosas por su nombre: presos políticos. Son más de 300». También recordó Delsa Solórzano que hay 12 personas con medidas cautelares que deben ser liberadas y continúan presas, entre ellas, el diputado electo en 2015 Juan Requesens.
«Ninguno de los puntos que toca Bachelet en su informe son adecuados para la grave crisis que vive Venezuela ni honra la necesidad de que haya justicia en nuestro país».
También como punto de información, la diputada Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela-Carabobo) dejó constancia de la situación que viven los trabajadores venezolanos que «expresan rechazo a políticas de exterminio y precarias condiciones laborales, expuestos a accidentes laborales, enfermedades y pandemias sin HCM».
Particularmente, Aray mencionó el «instructivo 2892 de la Onapre» (Oficina Nacional de Presupuesto) que mantiene en pie de lucha a los diferentes gremios de la administración pública, pues interfiere con las tablas salariales, de allí que en sucesivas protestas de calle, los trabajadores exigen su nulidad.
«Levantamos la voz por Roland Carreño»
El segundo punto en la agenda de la sesión ordinaria de la Comisión Delegada fue sobre «el ejercicio del periodismo en Venezuela en el marco del Día del Periodista», que se celebra cada 27 de junio.
Intervinieron Elizer Sirit (AD-Falcón), Freddy Guevara (Voluntad Popular-Miranda), María Concepción Mulino (Cuentas Claras-Carabobo), Richard Blanco (16 de julio-Caracas), Guillermo Palacios (UNT-Lara) y Avilio Troconiz (Primero Justicia-Zulia).
Todos hicieron un recuento del accionar de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para cercenar la libertad de prensa, acceso a la información y profundizar la persecución y la autocensura; así como un reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación que continúan la labor, no obstante tantas amenazas.
Palacios y Troconiz recordaron al periodista larense Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular, quien está preso en el Helicoide desde octubre de 2020.
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