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La Asamblea Nacional oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), este proyecto presenta algunas imprecisiones que podrían generar vacíos a la hora de sancionar y no establece responsabilidades ni recursos para la creación de programas y servicios.
Este tema ha tomado aún más relevancia en las últimas semanas, tras la viralización de videos de agresiones de adolescentes por parte de compañeros de clases.
Después de convertirse en tendencia un suceso ocurrido en el Colegio Loyola-Gumilla en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la institución educativa publicó una serie de tuits donde rechazaban lo ocurrido y enfatizaron que resolverían situación “a través del diálogo y se tomarán las medidas pedagógicas”.
Ante la notoriedad en redes Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente aprovechó la situación para publicar el video de los jóvenes y anunciar una investigación sobre lo ocurrido
También lo hizo con otros casos. Uno en Maracaibo, estado Zulia, donde varias adolescentes agredían a una compañera que, según dijo Saab, padece síndrome de down y anunció otra investigación.
Otros corresponden a instituciones educativas del estado Vargas y Caracas, que también se publicaron en las redes sociales. El pasado miércoles, 11 de mayo, Saab señaló que se han imputado adolescentes y la directora de un plantel por acoso escolar. Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales”, dijo Saab en rueda de prensa.
- El fiscal no actúa acorde a la ley
Conocido como el “fiscal de las tendencias”, Tarek William Saab se ha dado la tarea de publicar todos los videos que involucran actos de acoso escolar en sus redes sociales, exponiendo la identidad de los adolescentes que allí aparecen y a juicio de Cecodap, eso constituye una violación de la ley y acarrea una sanción
En un comunicado, la organización manifestó su preocupación “por las consecuencias que esto trae para el adolescente y toda la comunidad del centro educativo”.
Asimismo, recordaron que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible “promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente”.
- Proyecto de ley contra el acoso escolar en Venezuela
El pasado 22 de marzo, Tarek William Saab anunció que presentaría ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro un proyecto de ley para «prevenir, sancionar y atender» el acoso escolar.
Para ese momento, Saab exhortó a los padres y los centros educativos del país, tanto públicos como privados, a prestar «especial atención» en la prevención de «estos fenómenos».
Varias semanas después, el 10 de mayo, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.
De acuerdo con un a comunicado de prensa del Parlamento chavista, en su artículo 19, el texto propone la creación del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar como organismo rector para el diseño del plan integral pacífico escolar, a ser interpretado en los centros educativos públicos y privados pertenecientes al subsistema de educación básica.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; en su artículo 65, garantiza el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar.
- Imprecisiones del proyecto de ley
Trapani comentó que el proyecto es una «oportunidad para generar un espacio de consenso y de diálogo«. Pero en los términos que está planteado merece una profunda reflexión, señalando que en la exposición de motivos, en el artículo 1, se dice que «erradicando el acoso escolar garantizas la convivencia escolar».
El coordinador de Cecodap aclaró que cuando se habla de acoso escolar, se refiere a una expresión de violencia, por lo que «no necesariamente erradicando el acoso la escuela tiene un clima escolar acorde a los derechos de los niños o una convivencia escolar adecuada», pues hay un conjunto de factores que pasan por los docentes, por las familias y por los niños.
Por otra parte, señala que hay algo llamativo en el proyecto de ley y tiene que ver con la definición de acoso escolar.
“El acoso escolar es una forma de violencia reiterada en el tiempo que se materializa entre pares. El proyecto incorpora a cualquier miembro de la comunidad educativa. Eso es una imprecisión que se aleja de la literatura clásica, incluso, se aleja de conceptos de las Naciones Unidas”, declaró.
Sobre el punto anterior, señaló que un adulto puede hacer acoso a un niño y es una violación de un derecho, pero no es un acoso escolar, “por la responsabilidad y la posición del adulto en la escuela, asume otras responsabilidades civiles, penales o incluso administrativas”.
Asimismo, en cuanto a los adjetivos que se incorporan en la definición, comentó que se pusieron algunos como “incitación al odio y amenazas”, los cuales son delitos, por lo que “entraría en contradicción con otras leyes”.
“Nosotros hablamos de la certeza preceptiva, que es que este proyecto de ley esté en armonía con otros cuerpos normativos, y eso indica la Ley Orgánica de Educación, la Lopnna y otras leyes de la República”, acotó.
Por otra parte, señala que el programa hace referencia a programas y servicios, pero no establece en concreto de quién es la responsabilidad y de dónde salen los recursos.
“El proyecto indica que la ley no tiene impacto económico, que es una ley conceptual y organizativa y eso no es del todo cierto, porque la ley te habla de programas, de servicios de prevención, de servicios de atención y eso tiene un costo. ¿Y quién asume el costo?”, preguntó.
En ese sentido, señaló que el tema del acoso escolar es «suficientemente grave y genera un daño importante que la inversión gubernamental es prioritaria«.
También, indicó que en el proyecto de ley se señala la creación de un ente rector de convivencia escolar. “Ahí nosotros pensamos si puede haber duplicidad, porque ya la Ley Orgánica de Educación del 2009, al asumir el Estado como estado docente, hay unas funciones de garantías y una de las atribuciones de cara a la garantía es todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar”.
- La expulsión es inaplicable
Carlos Trapani señaló que el proyecto de ley no establece sanciones sobre el acoso escolar, de tal forma que los colegios deben implementar procedimientos de mediación y conciliación, señalando una dificultad, por ejemplo, en las sanciones de retiro y expulsión.
“Las sanciones de retiro y expulsión estaban previstas en la Ley Orgánica de Educación de 1980. Con la reforma de esta ley, en el año 2009, esas sanciones quedaron derogadas. Y lo que dice la Ley de Educación vigente, es que en caso de indisciplina de los estudiantes, aplicas conciliación o mediación, que es lo que la ley llama mecanismos alternos de resolución de conflictos”
En ese sentido, recordó que el artículo 57 de la Lopnna dice que las sanciones de retiro y expulsión de un niño en una escuela, se aplica por causas establecidas en la ley. “En consecuencia, tú no tienes una ley que te tipifique esas sanciones y te indique qué conductas son sancionables con retiro o con expulsión. Por tanto, al día de hoy, esas sanciones son inaplicables”.
A su juicio, eso genera una dificultad en la intervención del presunto agresor y el proyecto de ley no da claridad en cuánto a las rutas de atención ni qué hacer con el agresor. “Cuando es la víctima, hay un consenso más o menos generalizado: hay que escucharla, darle apoyo psicosocial, hay que cesar la violencia, tiene que mantenerse en el centro educativo y el apoyo y acompañamiento de la familia”.
Sin embargo, señala que la situación es más compleja cuando se trata del agresor: “Primero tenemos la añoranza de las sanciones de retiro y expulsión, que yo creo que eso no modifica la conducta. Puede ser que yo evite una víctima, pero generó otra víctima en otro centro educativo. La expulsión no ataca lo estructural”, dijo.
Para Trapani es necesario que tanto a la víctima como al acosador se les haga un “acompañamiento psicosocial, jurídico, pedagógico con un plan de intervención donde se establezcan metas relacionales, personales, afectivas y familiares, que le permiten a ese niño ser consciente de un hecho violento”.
- Afecta «desproporcionadamente» a niñas
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advierte que la violencia en el ámbito escolar “es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación”.
Mediante su página web, la Unesco señala que el Plan Internacional estima que al menos 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.
Además, advierte que este fenómeno afecta “desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes”.
Los estados miembros de la Unesco declararon el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Incluido el Ciberacoso, para reconocer que la violencia escolar en todas sus formas “es una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación y a la salud y bienestar”.
Trapani recordó que “el acoso es una violencia multifactorial donde toca lo familiar, lo escolar, lo comunitario, la comunicación y en función a eso, requiere que cada actor que hace vida en la escuela tenga una cuota de participación”, comentó.
- Latinoamérica tiene una escuela violenta
Una publicación de la revista científica de FAREM-Estelí del 2020, señala que la violencia que se vive en Latinoamérica es un reflejo de la realidad de sus sociedades y es un problema estructural que ha impregnado a todos los estratos sociales.
Las escuelas no escapan a esta problemática, pues en muchas ocasiones se han convertido en el “escenario ideal para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen conductas agresivas, enfrentando múltiples peligros, como peleas o presión para unirse a bandas delincuenciales”.
Un informe publicado en el año 2011 por la Unicef, titulado “Violencia escolar en América Latina y el Caribe”, analiza la violencia entre estudiantes y de los docentes hacia estudiantes y reveló que en Centroamérica el 22.8 % de los estudiantes fueron víctimas de acoso, un 25.6% estuvieron involucrados en peleas físicas y el 20.5 % sufrieron acoso físico o sexual.
En cuanto a Sudamérica, estas cifras son más elevadas, con un 30.2% acoso, 31.3% en peleas físicas y un 25.6% acoso físico o sexual.
Desde el año 2011 cinco países de Latinoamérica comenzaron a abordar el problema de la violencia escolar. En el 2012, Paraguay fue el sexto país en implementar políticas públicas contra este tipo de violencia en su territorio.
Asimismo, en el año 2013 Argentina y Colombia también consideraron tratar la violencia escolar. En los años posteriores varios países de la región incluyeron dentro de sus políticas el abordaje de esta problemática que afecta a las instituciones de educación.
De acuerdo con la revista científica de FAREM-Estelí las políticas públicas de violencia escolar en la región se formulan por medio de dos tipos principales: leyes y programas.
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Uruguay, Perú, República Dominicana, Paraguay y Panamá, establecieron como políticas públicas normativas legales que ayuden a tratar el tema de la violencia escolar.
Por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, abordaron la problemática desde la creación de programas nacionales, los cuales serían aplicados en todas las instituciones educativas.
Según el informe, Costa Rica, es el único país latinoamericano que implementó una ley y un programa con la finalidad de combatir este fenómeno.
Además, países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Perú y Uruguay no establecieron como finalidad de sus políticas la buena convivencia o sancionar las conductas violentas dentro de los centros educativos.
