A pesar de las políticas económicas que han facilitado la recuperación, coexisten otras que lo entorpecen y que, por lo tanto, al gobierno le debería interesar desmontar esos bloqueadores. Digo esto porque el propio gobierno es uno de los grandes beneficiarios de esa recuperación, tanto porque está creciendo en aprobación de gestión como porque esa es la vía más productiva para prepararse para las elecciones presidenciales de 2024 ya que la correlación entre aprobación de gestión y votos ha sido casi perfecta; del 0,973 en las elecciones presidenciales de los últimos 30 años.
La política que más afecta a todos los sectores económicos es la que se refiere a regulaciones y trámites de diversa índole para registrar u operar una empresa. Según la III Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis, el 37 % de las empresas señala que dichos trámites se mantienen complicados, a lo que el 24% añade que se han hecho más complicados, el 36% dice que se mantienen manejables, y sólo el 3% dice que se han simplificado. Esto coincide con que para registrar una marca comercial se necesita pagar US$ 300 ( aparte de impuestos y aranceles). El tiempo estimado del proceso es de 8 meses a 1 año, el proceso está automatizado y va pasando cada etapa de acuerdo con los lapsos establecidos. El proceso inicial es la búsqueda de antecedentes, que demora unas tres semanas para verificar el nombre y/o logo. Una vez validado, comienza el proceso de solicitud formal, de acuerdo con cada paso y se van realizando los pagos de los aranceles correspondientes, anclados al petro. El Registro de una nueva empresa tampoco es económico ni sencillo, aunque toma menos tiempo. Pero, para que una empresa pueda operar, necesita varios permisos municipales, todos toman tiempo, cada uno se tramita por una oficina distinta; no existe Taquilla Única, y en cada paso hay que pagar, en dólares, hasta unos 600 $ y dedicar hasta dos meses, durante los cuales no se puede operar.
La pregunta que se debe hacer todo gobierno y legislatura que reclame para sí el tener una inclinación social es ¿A quién benefician estos trámites tan costosos en tiempo y dinero? Ciertamente, al empresario no. También perjudican al trabajador que necesita empleo. Al consumidor que busca satisfacer una necesidad y al gobierno que pierde votos. La publicación Doing Business, del Banco Mundial, nos coloca como el antepenúltimo país en la lista de dificultades para montar y manejar un negocio.
Todos los sectores económicos están siendo gravemente afectados por la falta de crédito bancario debido a la política de alto encaje legal que deben cumplir los bancos. De hecho, creo que esta es la política más impertinente que necesitamos superar para seguir recuperando la economía y calidad de vida. Sin embargo, hay que reconocer que esta política puede haber sido pertinente cuando se implementó para reducir la liquidez como parte de la lucha contra la inflación. Peor hubiera sido que se aplicara un “Corralito” a los depósitos de los particulares; como tantas veces ha ocurrido en Argentina. Sin embargo, ya la medida es contraproducente porque la falta de crédito limita la producción, la oferta y los avances tecnológicos para elevar la productividad y bajar la inflación.
La necesidad de recuperar el crédito bancario se magnifica si se considera que las principales fuentes de análisis económico del mundo están apuntando todas hacia el encarecimiento extremo y la escasez de los alimentos de consumo masivo en el mundo debido a la guerra en Ucrania, los cortes en las cadenas de suministro que impone la cuarentena en China y la sequía inusual en África y América. Si no existe agricultura pujante sin crédito, la pregunta es ¿Qué estamos haciendo para levantar al máximo la producción agrícola?
Entre otras políticas impertinentes se encuentra la de la inseguridad de la propiedad privada y la inseguridad personal. No es suficiente que el gobierno esté devolviendo propiedades expropiadas. Este es un gran mensaje. Pero se necesita apuntalar legal y policialmente la inviolabilidad de la propiedad y la defensa de la vida.
También es impertinente limitar el crédito en divisas con base en los depósitos en cuentas custodia, limitando la vigencia de las divisas para defender el bolívar. Como es impertinente tratar de recuperar la vigencia del bolívar imponiendo un impuesto a las transacciones en divisas, en vez de rescatar el valor del bolívar con, lo que debe ser, el crecimiento real de la economía. También es contradictorio plantearse recuperar la vigencia del bolívar mientras se le mantiene sobrevaluado frente a las divisas dado que la inflación sigue superando la devaluación. Esto reduce el tamaño de la economía que es lo que debe respaldar y rescatar el bolívar.
La clave para allanar estas limitantes está en seguir creciendo en las relaciones gobierno-empresa, verse las caras y decirse verdades.
José Antonio Gil Yepes
@joseagilyepes
