El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció las condiciones críticas de salud de los presos políticos en Venezuela.
En un informe publicado en el sitio oficial de la institución, señalaron que el control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad «siguió disminuyendo y estaba profundamente politizado».
Asimismo, señalaron que hubo informes «creíbles» de que miembros de cuerpos de seguridad venezolanos cometieron «numerosos abusos», recordando que un informe de las Naciones Unidas del 2020 concluyó que «había motivos razonables para creer que las autoridades del régimen de Maduro y las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad».
Con respecto a los funcionarios que cometieron estos crímenes, el Departamento de Estado señaló que el régimen de Maduro «no tomó ninguna acción efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción».
Presos y detenidos políticos
El informe revela que el régimen de Maduro «utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen».
Con respecto a lo anterior, recordaron que el Foro Penal Venezolano reportó 260 presos políticos bajo custodia del régimen a octubre, 50 de los cuales se encontraban en estado crítico de salud.
Uno de los casos que resalta el informe es el del general Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia el 12 de octubre de 2021, convirtiéndose la tercera muerte de un preso político del año y la décima desde 2014.
Sobre el caso de Baduel, el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, aseguró que Baduel murió por complicaciones de COVID-19, pero la familia del fallecido «negó estaba enfermo y afirmó que lo mataron».
También resaltan la situación de Roland Carrero, a quien mantienen detenido por los delitos de «concierto para delinquir, contrabando de armas y financiamiento del terrorismo, a pesar de enfrentar graves problemas de salud».
Privación ilegítima de libertad y otros homicidios ilegítimos por motivos políticos
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, «hubo numerosos informes de que el régimen de Maduro cometió homicidios arbitrarios o ilegales».
Al respecto, el texto señala que aunque el régimen de Maduro no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las ONG informaron que cuerpos de seguridad y colectivos «llevaron a cabo cientos de tales ejecuciones durante el año».
También, recordaron que en septiembre de 2021, la Misión Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela también señaló, por segundo año consecutivo, su preocupación por “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los tratos sexuales y de género”
Por otra parte, la OACNUDH reportó menos denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES desde septiembre de 2020, «pero más atribuidas a otras fuerzas, incluidas las policías estatales y municipales y el Cicpc».
Libertad de expresión
El texto señaló que varias organizaciones como la CIDH, Human Rights Watch, Freedom House, Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, condenaron los esfuerzos del régimen durante todo el año para restringir la libertad de prensa.
Según la ONG Espacio Público, entre enero y abril se registraron 150 violaciones a la libertad de expresión en 74 casos, incluidas 135 detenciones, entre enero y abril. A su vez, el Instituto Prensa y Sociedad denunció 213 violaciones a la libertad de expresión en 126 casos entre enero y junio.
También, el informe señala que funcionarios chavistas continuaron hostigando e intimidando a estaciones de televisión, medios de comunicación y periodistas privados y de orientación opositora mediante amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos.
Por otra parte, las ONG notaron la preferencia del régimen de Maduro por utilizar procedimientos legales, sanciones financieras y acciones administrativas contra los medios de comunicación desfavorables en lugar de cerrarlos por completo.
Libertad en Internet
Según el Departamento de Estado, el régimen de Maduro «restringió o interrumpió el acceso a Internet y censuró el contenido en línea».
«La Compañía Nacional de Importación y Exportación de Electrónica de China proporcionó al régimen apoyo cibernético, expertos técnicos y un conjunto de software y hardware que era una versión comercial del regulador de Internet de China, Gran Cortafuegos, para mantener la censura en línea, controlar la información y evitar la difusión interna de contenido considerado indeseable por el liderazgo político», señala el texto.
Además, según informes de los medios, los usuarios de las redes sociales acusaron a Conatel de monitorear su actividad en línea y pasar información de identificación a las agencias de inteligencia del régimen, como el Sebin.
Por otra parte, Freedom House señaló en su informe Freedom on the Net de 2021 que las detenciones, los encarcelamientos y las restricciones legales y extralegales de ciertas formas de expresión en línea «llevaron a una autocensura generalizada por parte de periodistas y medios de comunicación».
Libertades de reunión pacífica y asociación
El informe del Departamento de Estado resaltó que los ciudadanos organizaron protestas a pequeña escala para exigir bienes y servicios básicos como agua, gasolina, electricidad y acceso a vacunas.
Sin embargo, en al menos tres casos que documentó la OACNUDH, colectivos armados participaron en la represión de manifestaciones.
Al respecto, la OACNUDH también documentó el asesinato de un pescador de 18 años de Isla Toas, Estado Zulia, quien habría sido baleado por agentes de la Guardia Costera el 16 de julio en una protesta por el acceso a combustible.
En cuanto a la libertad de asociación, el informe señala que, si bien las asociaciones profesionales y académicas en general operaron sin interferencias, varias asociaciones denunciaron que el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de convocar todas las elecciones y establecer las fechas y los procedimientos electorales, interfirieron en sus intentos de celebrar elecciones internas.
Según Aula Abierta, el 73% de las juntas de grupos de asociaciones de docentes universitarios había expirado, «pero los obstáculos de registro impuestos por los actores prorégimen en el CNE les impidieron elegir nuevos miembros de la junta».
Corrupción y falta de transparencia
El informe del Departamento de Estado también recogió las denuncias de la ONG Transparencia Internacional quien señaló que entre las principales razones de la corrupción generalizada en el país se encuentran la impunidad, «el debilitamiento institucional sistemático y la falta de transparencia en el manejo de los recursos gubernamentales».
Recoge además las cifras de la Fiscalía venezolana, según las cuales solo en 2020, 802 personas fueron condenadas por corrupción, con un total de 2274 personas condenadas desde agosto de 2017, aunque los observadores afirmaron que las estadísticas del régimen no eran confiables.
«La corrupción fue un problema importante en todas las fuerzas armadas y de seguridad, cuyos miembros generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados», añade el informe.
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