“Ni la Defensoría del Pueblo, ni el Estado de Derecho que tenemos hoy, van a permitir que estos hechos queden impunes. Se va a administrar justicia como procede”, dijo Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, al ser consultada sobre la participación de la institución en las investigaciones que siguen luego de la intervención del Centro Penitenciario de Centroccidente, conocido como la cárcel de Uribana, el pasado 25 de enero.
La funcionaria indicó que las investigaciones se encuentran “bastante adelantadas” y ya se han recabado evidencias, sin embargo, recuerda que el proceso debe ser lo más exhaustivo y riguroso posible.
Luego de participar como oradora de orden, en una sesión del Consejo Legislativo en conmemoración a los 24 años de los hechos de “El Caracazo, Ramírez se reunió con los familiares de los privados de libertad de Uribana, que antes de la sesión protagonizaron una protesta ante las puertas del parlamento regional.
Aseguró que Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, es la primera interesada en esclarecer los hechos, además de la propia Defensoría del Pueblo y hasta el vicepresidente Nicolás Maduro, quien elevó la petición de investigación de los hechos.
Ramírez indicó que “entendemos la impaciencia, entendemos el clamor de estos familiares”, por ello se encontró con ellos en las instalaciones del Consejo Legislativo. A los afectados les fueron tomados sus datos personales, y se atendieron las peticiones generales y particulares de cada uno de ellos. La defensora se comprometió a mantener contacto con ellos, a los fines de tranquilizarlos y asegurarles que tendrán justicia.
Diálogo en la 30
Sobre la “huelga de sangre” que decidieron llevar a cabo los privados de libertad en la Comandancia de Policía de Lara, Ramírez llamó a los manifestantes a colaborar con el diálogo, por cuanto en la región se cuenta con uno de los equipos más grandes de defensores para escuchar sus peticiones.
Sólo recomendó que la discusión “no se contamine de factores interesados en tratar de desviar las investigaciones”, ya que el norte de los servidores públicos es resolver los conflictos que surjan en cualquier escenario.
“Jóvenes caían
en decenas”
En su discurso de orden, la defensora del Pueblo indicó que según cifras manejadas por el periodista José Vicente Rangel, durante la violencia social desatada en febrero de 1989 con “El Caracazo”, el número de muertos podría alcanzar las dos mil personas, jóvenes en su mayoría.
Indicó que en la Defensoría se han documentado más de quinientos casos que fueron revelados este martes en la plaza Bolívar de Caracas.
