Los familiares de los presos de Uribana se presentaron este lunes a las puertas del Consejo Legislativo del estado Lara, a los fines de exigir que los diputados de la región se movilicen para agilizar el traslado hacia Uribana de los reos que se encuentran en otras cárceles como Tocorón y el Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta.
Nayibe López, coordinadora del Comité de Familiares de la Cárcel de Uribana, señaló que la organización se encuentra en situación de “emergencia carcelaria”, la cual comenzó este lunes con la toma de la plaza La Justicia, para exigir a los tribunales del estado mayor celeridad en la atención de los casos de sus familiares que no tienen sentencia firme en su mayoría.
“Hoy varios familiares están de ‘boca cosida’ protestando porque ya no aguantamos. ¿Cómo es posible que un domingo nos vamos a la visita y tengamos que amanecer durmiendo en la calle para poder pasarle comida cruda el día lunes?”, dijo.
Los familiares se quejan de los gastos excesivos, tanto financieros como físicos, en los cuales incurren para ver a sus familiares, por ello exigen a las autoridades los regresen inmediatamente y les sean respetados sus derechos humanos con la toma de acciones para garantizar la salud “de todos aquellos muchachos que están mutilados, ciegos y perforados, que están en El Rodeíto”.
López ratificó que este lunes, luego de la protesta a las puertas de los tribunales, los familiares se reunieron con el juez rector Jesús Rafael Guillén, quien les indicó que se encuentran a la espera de jueces itinerantes para atender los casos. Son una docena de juristas los esperados, y no seis como trascendió el pasado lunes.
“Creo que el problema no es de nosotros sino de ellos que tienen que solucionarlo. ¿Quién responde por nuestros muertos? ¿Quién responde por los heridos? ¿Quién responde por los discapacitados y parapléjicos que quedaron? Deben respetarles sus derechos humanos”, comentó.
Aunque el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha anunciado la facilitación de unidades de transporte para que los familiares se reúnan con los reclusos, López, al igual que parte de los afectados, viaja por su propia cuenta para garantizar poder cumplir con la visita.
Asimismo, señaló que en la mañana de este martes fue la primera vez que pudo ver a Elba Yris Rodil, defensora del Pueblo del estado Lara, a quien se encontró por casualidad en el Consejo Legislativo, donde se efectuó una sesión especial por los hechos de “El Caracazo”, en la cual la titular nacional de la defensoría del Pueblo, Gabriela Ramírez, intervino como oradora de orden.
“En realidad ningún funcionario del Gobierno nacional, ni las damas que están al frente de organismo en defensa de los derechos de la mujer se han pronunciado a favor de nuestras mujeres que también están detenidas y han sido maltratadas y golpeadas en las cárceles donde se encuentran”.
Los miembros del Comité, que lucha por el cumplimiento de los derechos humanos de la población penal en Lara, se mantendrán en la calle, hasta que logren el retorno de sus familiares al Centro Penitenciario de Centroccidente y se les garantice su seguridad.
