(Viene de la Parte II) … Esta sentencia expresa:
(…)“De conformidad con la Ley de Mercadeo Agrícola las Juntas Nacionales son competentes para discutir y fijar los precios de sostenimiento por rubro o cultivo, siendo vinculantes sus decisiones una vez cumplidos los requisitos establecidos en la aludida Ley y su Reglamento Parcial sobre Juntas nacionales; Razón por la cual, los precios de sostenimiento que fueron reconocidos, fijados y ratificados por la aludida Junta Nacional de Café en junio y julio de 2.004, poseían plena validez, reconociendo con ello también la justeza y apego a la legalidad de las percepciones que para aquel entonces venían percibiendo los caficultores venezolanos, como consecuencia de la venta de sus cultivos, y como adecuada contraprestación a su esfuerzo y medio de vida o subsistencia”.
“Supuestamente” estimó el legislador (a) que la “presunta” violación de los derechos constitucionales de los accionantes, que pudo existir, había cesado con la aprobación de la banda de precios para la cosecha 2.005-2.006; pero, obvió la indexación con respecto a la inflación los 15 de septiembre de cada año, aprobada en “Junta Nacional del Café”, la cual de realizarse, conllevaría a que los precios, que por derecho les corresponde al productor de café, superaría a los aprobados para aquel entonces y, mucho más, los precios viles actuales.
“Suponemos” que, con fines siniestros, se está sacrificando inmisericordemente a más de 85.000 familias caficultoras, que han estado trabajando a perdidas.
“Los ingresos monetarios de una (01) familia caficultora, estadísticamente, son inferiores al 50%, del equivalente a un (01) salario mínimo legal y, de sus ingresos tiene que deducir los costos y gastos de producción”.
Cabe entonces acotar que la Constitución expresa en su artículo 25:
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores”.
El mejor ejemplo de la situación actual de los caficultores está en “Santa Marta,” Parroquia Hilario Luna Luna, Municipio Morán, del estado Lara; Caserío Vitrina del “Plan Bolívar 2000” y de “TODOS” los “Planes Café,” a nivel nacional; donde las carreteras están intransitables; y para recorrer tan solo 28 kilómetros, se tarda 3 ½ o 4 horas, sin posibilidades de conseguir combustible, a pesar que el gobernador Luis Reyes Reyes, acompañado por su equipo de gobierno y por el doctor Luis Jonás Reyes Flores, en el año 2001, prometió asfaltar el tramo de Villanueva a Santa Rosa y para 2002, de Santa rosa a Suruguapo; donde a algunas familias caficultoras, se les hizo derrumbar sus ranchos; con paredes de bahareque, piso de tierra, cocina de leña, sin energía eléctrica y sin letrinas y, los han construido nuevamente, ante el incumplimiento del “Plan Casa por Rancho”. Donde se comenzó a construir una escuela bolivariana de 2 aulas, para una matrícula de 130 alumnos y, quedó a menos de medio construir, porque no se sabe dónde está el dinero destinado para ello, lo mismo ocurrió con la construcción de un módulo, de los llamados “Barrio Adentro”; la construcción del módulo, tan sólo fue ejecutada en un 20% aproximadamente, porque tampoco se sabe dónde está el dinero. En los pocos ranchos donde llega la energía eléctrica, se dañan los artefactos electrodomésticos, y los equipos utilizados para el beneficio del café (Despulpado, secado y trillado), por deficiencia en el voltaje y por los continuos apagones. Donde se ha tenido que secar el café a leña, porque no se consigue combustible para las maquinarias y equipos. La C.A.N.T.V. vendió en la zona, un sinnúmero de teléfonos inalámbricos, y ahora están sin servicio.
Entre tanto y “supuestamente”, como resultado de las declaraciones de algunos depredadores de las familias caficultoras que van tras los beneficios de los diferenciales generados por la exportación, quienes aseguran que en el país hay una producción excelente que ha logrado 120 quintales por hectárea, como respuesta a los reclamos por nuestras justas reivindicaciones, “presuntamente”, en lugar de reconocernos nuestros derechos, se nos amenaza con decomisarnos el producto de nuestro trabajo e inversión, a través de las milicias y/o de los Consejos Comunales; “presumiblemente,” porque no hay café suficiente para el consumo nacional.
No se da repuesta a las denuncias públicas efectuadas sobre la “supuesta” inmensa corrupción en los diferentes planes elaborados para el recate de la caficultura; sobre la “sospechada” quiebra fraudulenta de paccas y cooperativas; sobre la utilización de los camiones otorgados por el gobierno, sin saber quienes ostentan su propiedad. Etc., etc., etc…
CONTINUARÁ…
Maximiliano Pérez Apóstol
