Organizaciones de la sociedad civil que participan en la Red Electoral Ciudadana (REC) y el Foro Cívico, presentaron un informe sobre el seguimiento y «monitoreo exhaustivo» de los pasados comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.
Entre las organizaciones de la REC destacan el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Movimiento Ciudadano Dale Letra, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), la Red OSC Sinergia AC y Voto Joven.
En el texto destacan que «las elecciones municipales y regionales del 21-N representaron un punto de inflexión en el proceso político electoral venezolano».
«Por primera vez en los últimos 20 años, el gobierno venezolano permitió, durante el proceso de renovación de las autoridades electorales en el mes de mayo, la incorporación al ente electoral de cinco rectores no vinculados al oficialismo: dos como rectores principales (Enrique Márquez y Roberto Picón) y tres como suplentes (Griselda Colina, León Arismendi y Francisco Martínez)», expresan en el texto.
De igual forma, señalan como otro punto positivo que «por primera vez desde 2015, la administración electoral anunció la realización de un amplio y extenso operativo de inscripción y actualización de los datos del registro electoral».
Retorno del G-4 al campo electoral
En este particular, valoran la decisión de llamado G-4, de inscribir candidatos para las elecciones del 21-N, lo que a juicio de las organizaciones firmantes del documento «marcó el regreso de las principales fuerzas de la oposición venezolana a la arena electoral, luego de que en 2017 optaran por el abstencionismo como modo de protesta ante la ilegalidad y la falta de transparencia del proceso convocado para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente».
También destacan que el proceso electoral del 21 de noviembre marcó asimismo el regreso de las misiones de observación electoral internacional al país luego de 15 años de ausencia.
Aspectos negativos
Si bien afirman se observaron «notorios avances» en materia técnico electoral, el proceso del 21 de noviembre puso nuevamente en evidencia las «graves limitaciones que, en materia de equidad, competitividad y derechos políticos, padecen las elecciones venezolanas».
«Al igual que lo ocurrido en los procesos electorales realizados en los últimos años, el poder ejecutivo hizo amplio uso de la figura administrativa conocida como la “inhabilitación política” para impedir la participación en el proceso electoral de figuras de la oposición o la
disidencia», denuncian las organizaciones civiles.
«El CNE, por su parte, se mostró nuevamente incapaz de sancionar las violaciones a las normas que prohíben el uso de los recursos y bienes del estado para fines proselitistas durante el desarrollo de la campaña electoral, lo que afectó seriamente el principio de igualdad de condiciones», acotan.
Entre las irregularidades más importantes, puntualizan que los observadores nacionales reportaron la presencia de los llamados “puntos rojos” en más del 60% de los casos.
De igual forma, expresan que la Misión de la UE, informó que sus observadores habían sido testigos de la existencia de dichos puntos en los 23 estados del país y el Distrito Capital.
Sobre lo ocurrido en Barinas, manifestaron «pese al ventajismo oficialista, los resultados le dieron la victoria al candidato opositor, quien triunfó por sobre el candidato oficialista».
Por último, concluyen que las dificultades del directorio del CNE para hacer valer la independencia del organismo electoral frente al resto de los poderes del estado en algunos de los momentos álgidos del proceso electoral plantean una serie de importantes desafíos de cara a próximos comicios.
