El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes rechaza categóricamente la violencia desproporcionada ejercida por militares contra el pueblo yanomami en Parima B, sur de Amazonas.
En un pronunciamiento público, la organización exigió al régimen poner en práctica políticas públicas interculturales encabezadas por organizaciones indígenas, para capacitar a funcionarios públicos sobre cómo actuar en territorio indígena, sobre la base del respeto a la vida y demás derechos humanos.
“Los indígenas de nuestro país en general y los yanomamis en particular, son víctimas permanentes de las amenazas que se ciernen sobre sus territorios y culturas y, de la incomprensión de funcionarios públicos que realizan labores en sus hábitats indígenas”, puntualizó la organización en un comunicado.
Destacó que el régimen venezolano debe dar respuesta inmediata al hecho punible, respetando la activación de jurisdicciones especiales indígenas. “En el entendido que es uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial del país, el cual goza de una protección especial en el marco del derecho internacional de los pueblos indígenas”, señaló GTAI.
La organización se refirió a que el 17 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a miembros de los pueblos indígenas yanomami y yekwana. La CIDH consideró entonces que estos pueblos estaban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el marco de la pandemia por COVID-19, y la violencia por la ocupación militar y minera en la zona.
GTAI destacó que debe instalarse inmediatamente una comisión interinstitucional con representación indígena a través de sus organizaciones regionales legítimas como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazona (Orpia), junto a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la ZODI y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato para esclarecer los hechos.
Los pueblos y comunidades indígenas yekwana y sanema de la cuenca del Caura también se pronunciaron sobre el asesinato de los cuatro indígenas yanomami la tarde del domingo en Parima B.
“Ante tal situación de irreparable pérdida de la vida humana, de los yanomamis caídos por armas de fuego utilizadas por sujetos (los militares) ocupantes de su territorio ancestral. Rechazamos de manera contundente la actuación de los cuerpos de seguridad, ya que viola el derecho humano de los pueblos indígenas”, manifestaron en otro comunicado.
Exigen como requisito para ingresar a sus territorios, que los órganos competentes de seguridad nacional se capaciten y dominen conocimientos básicos sobre la cosmovisión indígena y cómo relacionarse con las comunidades en situaciones de conflicto.
Pérdida irreparable de la vida humana
Cuatro indígenas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados por militares del componente de aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la tarde del domingo 20 de marzo en Parima B, sur del estado Amazonas. Una comunidad remota a la que solo se accede vía aérea.
Luego de que militares negaran acceso a internet a los indígenas yanomamis, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución de un dispositivo de internet propiedad del capitán de la comunidad. Los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena, y fue entonces cuando presuntamente su hijo tomó el armamento de un militar y disparó a tres funcionarios para liberar a su padre.
Los militares respondieron con disparos a matar. Cuatro indígenas fallecieron, y otras cinco personas, dos indígenas y tres militares están heridos.
El hecho continúa en averiguación a cargo del fiscal 91 nacional en materia indigenista, y la fiscal cuarta en materia de derechos humanos, según informó el fiscal general del Ministerio Público Tarek William Saab en su cuenta de Twitter.
En un balance actualizado, la periodista local Carolina Azabache reportó que uno de los tres militares heridos tiene tres disparos en su cuerpo, y los otros dos indígenas tienen heridas de bala en las manos.
La comunidad indígena exige justicia por lo sucedido. Piden que el hecho se judicialice dentro de territorio yanomami. Por eso no permiten la evacuación médica de los heridos, y la comunidad continúa con acceso restringido.
Las organizaciones destacaron que la pérdida de la vida humana es irreparable en cualquier contexto, y los perpetradores del delito deben responder ante la ley.
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