Ante las puertas de los tribunales del estado Lara, en medio de la plaza La Justicia, familiares de los privados de libertad del Centro Penitenciario de Centroccidente, mejor conocido como Uribana, se concentraron en un círculo para exigir a las autoridades mayor celeridad en los casos relacionados con el recinto intervenido exactamente hace un mes.
El presidente del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Jesús Rafael Guillén, se reunió con los manifestantes y les informó que los tribunales de la región se encuentran a la espera de la llegada de seis jueces itinerantes, cuya misión será agilizar la atención de los casos de los reclusos de Uribana.
La actual situación del Poder Judicial del estado, haría imposible la atención de los casos pendientes de aquellos privados de libertad, que se encuentran sin proceso en los penales a los cuales fueron enviados después de la requisa en Uribana.
De igual forma, los familiares exigieron agilizar las diligencias para el traslado de los reclusos, ya que aseguran estos actualmente corren peligro en los centros penitenciarios de otros estados, por cuanto la situación de hacinamiento se ha agravado en los recintos mencionados.
Durante la manifestación, se leyó un comunicado con el cual se criticó la actuación de Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, así como de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional. De hecho, recomendaron la separación tanto de Varela como del diputado Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión, de las investigaciones realizadas, por haber adelantado opinión sobre los hechos de los cuales “culparon a los reclusos y exoneraron a los militares”.
Refirieron que instancias como la Alta Comisionada de la ONU rechazaron los hechos y responsabilizaron a las autoridades de los hechos de violencia vividos en la cárcel durante la requisa, además de recordarles el deber que tiene el Estado de proteger a los presos.
“La ministra Varela no nos ha dado la cara desde que ocurrieron los hechos. Cuando estuvo en Uribana no nos paró, pasó de largo con sus camionetas y guardaespaldas escoltándola, sin darnos respuesta. Cuando se está en puestos de Gobierno, los funcionarios piensan que pueden evadir la justicia, pero los familiares, padres, madres, esposas y amigos de las víctimas de la masacre de Uribana no dejaremos esto así”, dijo Eudys Lobatón, familiar de un detenido que se encuentra en la cárcel de San Felipe, quien estuvo encargado de leer un comunicado del Comité de Familiares de Uribana.
Asimismo, recordaron que ya dos de los reclusos trasladados a otros centros penitenciarios han sido asesinados: uno en la cárcel de Tocorón y otro en Trujillo, sin contar a los heridos en riñas en el Penal de Los Llanos.
“Yo tengo un sobrino también detenido, y aunque ustedes no lo crean, les digo que hay mucha gente en silencio y solidaria con ustedes y con este movimiento”, expresó Lobatón.
Investigación obligatoria
El sociólogo Nelson Fréitez, representante de la cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, señaló que los hechos de Uribana deben ser investigados a fondo, sobre todo cuando se tiene constancia del hallazgo de cadáveres con heridas punzo penetrantes, que habrían sido ocasionadas luego de que fueran heridos de bala posiblemente durante la requisa.
“¿Será por eso que esto no se quiere investigar? Para dejar todo esto en la confusión, con tantas masacres que han habido en Venezuela en las cárceles”, expresó.
También indicó que la agudización del retardo procesal, debido al traslado de los reclusos a otros estados, afecta de manera directa a los familiares que deben sufragar mayores gastos para visitar a sus familiares, sin mencionar el estrés ante la situación de violencia que se vive en las otras cárceles.
