El Tribunal de Distrito de El Paso, Texas, dictó una sentencia que obstaculiza las políticas migratorias del presidente Donald Trump, al ordenar la liberación de Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García, dos migrantes venezolanos que habían sido acusados, sin pruebas contundentes, de ser «enemigos extranjeros«.
La decisión, emitida por el juez David Briones, evidencia graves deficiencias en los procesos de detención utilizados por las autoridades federales y sienta nuevas bases legales para los migrantes enfrentando cargos similares en el estado de Texas.
El caso: acusaciones sin evidencia sólida
Sánchez Puentes y Sánchez García ingresaron a Estados Unidos en 2022 y obtuvieron estatus de protección temporal (TPS). No obstante, en abril de 2025, fueron notificados de la cancelación de su protección bajo el argumento de estar vinculados al grupo Tren de Aragua, declarado organización terrorista extranjera durante la gestión Trump.
Sin embargo, en su fallo, el juez Briones subrayó que:
- El gobierno no presentó evidencias suficientes ni convincentes que justificaran la detención.
- Los testimonios y documentos entregados eran inconsistentes y de calidad cuestionable.
- Se vulneró el derecho al debido proceso, al notificarse a los migrantes en un idioma que no dominaban.
Nuevas garantías procesales para migrantes
La sentencia no solo benefició a esta pareja venezolana, sino que también impuso estándares más estrictos para casos futuros en el distrito oeste de Texas:
- Los migrantes deberán recibir al menos 21 días de preaviso para impugnar su designación como «enemigos extranjeros».
- Las notificaciones deben ser comprensibles para los acusados, evitando que el idioma sea una barrera de defensa.
- El gobierno federal tendrá la obligación de probar con evidencia clara y convincente cualquier acusación de vínculos terroristas.
La defensa, liderada por Sirine Shebaya, denunció que incluso tras la orden de liberación, las autoridades colocaron tobilleras electrónicas a los liberados, calificándolo como una violación adicional de sus derechos.
Impacto en la política migratoria
La decisión del juez Briones marca un precedente importante en la limitación de los poderes ejecutivos para detener migrantes bajo proclamaciones de emergencia sin respetar los estándares constitucionales básicos.
Abogados de derechos migratorios ven en este fallo una oportunidad para revisar otras detenciones basadas en acusaciones genéricas y, a menudo, no sustentadas, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En momentos en que la política migratoria vuelve a ser tema central en el debate presidencial de Estados Unidos, este fallo recuerda que el respeto a los derechos fundamentales sigue siendo un principio inquebrantable del sistema de justicia estadounidense.
