El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que no es posible juzgar a todos los criminales que han ingresado al país y que, en su lugar, deben ser expulsados rápidamente.
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«El corrupto Joe Biden habrá destruido nuestro país con su locura de fronteras abiertas, permitiendo la entrada de criminales de todo tipo sin castigo. Asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso enfermos mentales se asentarán en nuestro país, sembrando un caos sin precedentes. No es posible juzgar a millones y millones de personas. Sabemos quiénes son los criminales y debemos sacarlos de EE.UU. ¡Y RÁPIDO!», escribió el mandatario en su red social Truth Social.
Estas declaraciones se producen en medio de una creciente polémica legal en torno a la política migratoria de su Gobierno. Este mes, el juez federal James Boasberg inició un proceso para declarar al Ejecutivo de Trump en desacato, tras el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, en contra de una orden judicial.
Medidas de deportación masiva
Aunque un tribunal de apelaciones en Washington D.C. bloqueó temporalmente el intento del juez Boasberg el pasado viernes, la controversia sigue abierta. La tensión se originó cuando Trump invocó, el 14 de marzo, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una legislación reservada para tiempos de guerra— para justificar la expulsión de migrantes, a quienes acusa de vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal calificada como grupo terrorista por EE.UU.
Un día después de esta invocación, Boasberg ordenó detener los vuelos de deportación. Sin embargo, los aviones continuaron su ruta y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes, en la que incluso Trump sugirió abrir un juicio político contra el magistrado.
El traslado de migrantes a El Salvador ha generado fuertes críticas tanto en el ámbito nacional como internacional. La organización Human Rights Watch denunció en un informe reciente que Estados Unidos y El Salvador están incurriendo en «desapariciones forzadas» al mantener a estas personas en condiciones desconocidas.
Pese a las acusaciones del Gobierno de Trump, múltiples investigaciones de medios estadounidenses revelan que la mayoría de los migrantes expulsados no cuentan con antecedentes penales, lo que ha intensificado las demandas y cuestionamientos contra la actual política migratoria.
