La política debe ser la vía para resolver los problemas de la gente, para mejorar la calidad de vida de todos, no un instrumento para aplastar a los más vulnerables, acumular poder y riquezas o callar voces incómodas. En palabras de Octavio Paz, “la democracia sin libertad es una quimera”, y en Venezuela llevamos años viviendo esa mentira. Así, mientras millones de venezolanos enfrentamos diariamente una crisis sin precedentes, nuestros derechos siguen siendo vulnerados por una autocracia y sirviendo como moneda de cambio en juegos geopolíticos que no nos toman en cuenta. Lo ocurrido recientemente entre la administración chavista y los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, es un ejemplo de esta terrible situación.
El gobierno salvadoreño propuso repatriar a los 252 venezolanos que fueron enviados a su territorio desde Estados Unidos y que permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a cambio de liberar a la misma cantidad de presos políticos que hoy se encuentran en cárceles venezolanas. Este planteamiento es inaceptable y debe ser repudiado por todos. Los derechos humanos no se negocian. Las personas no son fichas de intercambio. Cada uno de esos 252 venezolanos detenidos en El Salvador tiene rostro, historia, familia y derechos que están siendo ignorados. No han recibido juicio, no tienen acceso a defensa legal adecuada, y han sido tratados como criminales sin pruebas ni garantías. Lo mismo ocurre con quienes en Venezuela han sido encarcelados por pensar distinto, protestar pacíficamente o ejercer sus derechos democráticos.
Ambos casos tienen un denominador común: el irrespeto al debido proceso y la negación de los derechos fundamentales. En el caso de los detenidos en nuestro territorio nacional, se vulneran gravemente los artículos 44 y 49 de nuestra Constitución, que garantizan la libertad personal, el derecho a la defensa, al debido proceso y a ser juzgado con garantías legales. Por su parte, ni en Venezuela ni en El Salvador se están cumpliendo los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 7 establece claramente que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a protección contra la discriminación. El artículo 9 prohíbe la detención arbitraria. El artículo 10 garantiza el derecho a un juicio justo y público, y el artículo 11 consagra la presunción de inocencia. Es evidente que tanto la administración chavista como los gobiernos de San Salvador y Washington, están usando la tragedia de los migrantes y presos políticos venezolanos para su beneficio propio. Esto es inmoral, es barbárico.
Nuestra crisis no puede ser aprovechada por otros gobiernos para sacar ventajas o construir discursos populistas. Los venezolanos no somos piezas de ajedrez en un tablero internacional. Somos personas. Somos víctimas de un modelo autoritario que ha destruido las instituciones y que ahora sirve de excusa para que otros también atropellen nuestros derechos.
La exigencia es una sola y debe ser firme: justicia para todos los venezolanos detenidos sin juicio justo, dentro y fuera del país. La libertad no puede depender de una negociación diplomática. La libertad es un derecho, no un favor. A los venezolanos nos toca alzar la voz y trabajar para la liberación, sin distinciones políticas, de cada compatriota injustamente preso, por cada migrante que sufre abusos, por cada persona que ha sido criminalizada por sobrevivir. Nuestra dignidad no puede estar en juego. No podemos permitir que nos sigan utilizando como botín ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. La justicia no se negocia. La libertad no se intercambia. Y los derechos humanos no se subordinan a intereses políticos.
Stalin González
